El Gobierno se ha impuesto como un claro objetivo la lucha contra el fraude fiscal. Para ello, el pasado 31 de octubre aprobó en Consejo de Ministros un real decreto, que está a punto de ser publicado en el BOE, con el que pretende desarrollar la Ley para la Prevención del Fraude Fiscal y mejorar los mecanismos para combatirlo.

Una de las principales consecuencias de este real decreto será un control exhaustivo por parte de la Agencia Tributaria del empleo real que los contribuyentes hacen de los bienes inmuebles, y detectar así alquileres ocultos y otras formas de fraude tributario. ¿Cómo? A través, por ejemplo, de vigilar muy de cerca el consumo de energía de cada vivienda.

Para ello habrá un mayor nivel de coordinación entre Hacienda y las compañías eléctricas. Ya no bastará con que éstas remitan los datos del contratante del suministro eléctrico, además de la referencia catastral del inmueble y quién paga el recibo.

A partir de ahora, deberán suministrar datos como los niveles de consumo anual en kilowatios y la fecha de alta del suministro, entre otros.

De esta manera, podrá detectar varias formas típicas de fraude, como son los arrendamientos ocultos, gracias a los cuales los contribuyentes se benefician de deducciones por compra de vivienda habitual sin residir en ella.

Otra vía habitual de abuso es la de los no residentes, es decir, personas que supuestamente no viven en España y que, por tanto, no pagan impuestos en nuestro país, pese a que en realidad pasan aquí la mayor parte del año. A través de este mayor control del consumo energético, Hacienda podrá detectar quiénes hacen un uso permanente del inmueble.

Viviendas deshabitadas 

Otra posibilidad es la de detectar viviendas deshabitadas, algo que será muy útil de cara a una hipotética penalización de las mismas en el futuro.

Actualmente 1,5 millones de contribuyentes declaran ingresos por arrendamientos urbanos, de los que Hacienda obtiene unos 12.400 millones de euros al año, según los últimos datos de la Agencia Tributaria.