En una carta remitida al ministro de Transportes, Movilidad y Agenda Urbana, José Luis Ábalos, la edil ha expresado la preocupación por la calidad de vida de los ciudadanos y porque se pueda "garantizar el derecho constitucional de acceso a una vivienda digna".

Según ha explicado este martes Cort en un comunicado, Truyol ha recordado a Ábalos que el aumento del precio de alquiler y de compra de vivienda ha sido "desproporcionado" en Palma los últimos años, hasta superar el 50 por ciento en el caso del alquiler, "la cifra más alta entre las capitales del estado".

Truyol ha afirmado que a esta tendencia se añade "la difícil situación" en que se encuentran muchas familias a causa de la crisis sanitaria y económica que ha provocado la Covid-19 y que se ha manifestado ya en las cifras del paro.

En este sentido, ha comentado, esta "emergencia social" ya se ha trasladado en un "espectacular aumento" de la demanda de información y expedientes abiertos por parte de la Oficina Antidesahucios.

En la carta, la edil de Vivienda Digna, ha reconocido y agradecido que el Ministerio haya puesto en marcha el primer plan de medidas de ayuda a colectivos vulnerables para hacer frente a los gastos de vivienda en la actual situación de emergencia sanitaria y social, pero ha lamentado que "no se han traducido en una disminución de los precios de la oferta".

MEDIDAS DE CONTENCIÓN DE LOS PRECIOS

Por todo esto, desde Modelo de Ciudad del Ayuntamiento de Palma se han reclamado medidas de contención del precio de alquiler y se ha remitido al Ministerio un listado de demandas concretas.

Así, el Ayuntamiento de Palma ha pedido que se publique el índice de precios de los alquileres de viviendas para limitar los incrementos de precios a zonas "tensionadas" como Palma y que se faculte los ayuntamientos a adoptar medidas coyunturales y temporales para poder gestionar la emergencia.

Han pedido también que se habilite a la administración local para poder regular los precios de la vivienda y que se diseñen "incentivos económicos" para la movilización de la vivienda vacía y para el desarrollo de los programas de mediación entre entes propietarios e inquilinos para incentivar los primero que ofrezcan un alquiler social.

En la carta, Truyol ha solicitado igualmente que se faculte a las entidades locales para poder "gravar fiscalmente" a través del IBI las dinámicas que "dificultan el acceso a una vivienda digna", como por ejemplo las viviendas desocupadas o la comercialización de alojamientos turísticos en viviendas

Han reclamado también un aumento del parque público de vivienda puesto que el porcentaje gestionado por el sistema público de alquiler en el estado es solo del 2,5 por ciento (el Ayuntamiento de Palma gestiona un parque de casi 400 viviendas sociales) y el refuerzo del papel de agente promotor de vivienda pública de los ayuntamientos en los planes estatales y otros mecanismos de apoyo económico.

En la misiva también han pedido que se amplíe el Código de Buenas Prácticas bancario "suavizando" algunas de las restricciones o regular la moratoria de deudas hipotecarias "de manera más ambiciosa".

Truyol ha asegurado que es "imprescindible" que la vivienda sea el eje central de la gestión pública porque todas las personas "merecen tener garantizado el acceso a una vivienda digna".