"Vamos a vencer definitivamente los grafitis", ha señalado este lunes el delegado de Medio Ambiente y Movilidad, Borja Carabante, al tiempo que un trabajador de Calle 30 camuflaba una pintada de un solo brochazo.

Fue el pistolezazo de salida de la campaña de eliminación de grafitis que cada año acomete el Ayuntamiento de Madrid en el entorno de la M-30. Solo que a partir de ahora no habrá una sino cuatro campañas, dado que "la limpieza anual no era efectiva", sostiene el área de Carabante.

Con el objetivo de "evitar que sus autores se centren en este paisaje urbano", el Gobierno municipal amplía a ocho meses –dos por cada campaña– las actuaciones de limpieza que se irán desarrollando a medida que surja la necesidad, según informa el área de Carabante a 20minutos. Estas actuaciones consistirán en su retirada tapándolos con pintura, con lo que se van a limpiar más de 30.000 metros cuadrados de grafitis.

Además, para desincentivar a los grafiteros, se llevarán a cabo otras medidas como la plantación de vegetación para dificultar el acceso a los muros y reducir su visibilidad, de manera que resulte menos apetecible hacer un grafiti. De este modo, "si hoy vuelven a pintar los grafiteros, mañana volveremos a eliminarlo y así sucesivamente", explicó Carabante.

Al margen de la campaña en el entorno de la M-30, el coste anual derivado de la limpieza de grafitis en toda la ciudad es de aproximadamente 2.645.000 euros, aunque varía cada año en función de las necesidades de la ciudad. Este volumen de gasto implica que cada día el Ayuntamiento de Madrid destina 10.780 euros para erradicar estas pintadas, además de 28 operarios con 24 vehículos. Un coste en el que hizo hincapié el delegado Borja Carabante. "Los madrileños, especialmente los grafiteros, tienen que saber el perjuicio tan grande que ocasionan, no solo desde el punto de vista estético sino del coste".

Por todo ello, el equipo de Martínez-Almeida aumentó el pasado mes de diciembre el importe de las sanciones. En el caso de pintadas en los cierres comerciales y elementos asociados a actividades económicas, las sanciones se duplican: pasan de 500 a 1.000 euros "debido a la dificultad de su eliminación". También en las pintadas de mobiliario urbano, muretes, pilares y puertas, que ascienden de 300 a 600 euros "por el daño al patrimonio municipal".

En edificios emblemáticos antiguos o históricos, en función del tipo de parámetro y del tamaño de la pintada, se establecía una sanción entre 1.000 y 3.000 euros. Con la nueva subida, las multas por pintadas de menos de un palmo serán de 2.000 euros y las de más de un palmo, de 3.000 euros por daños al patrimonio histórico".

En edificios oficiales pasan de 500-1.500 euros a 1.000 si es menor de un palmo, 1.500 euros, si es mayor de un palmo, y 2.000 si es de más de un metro "por daños al patrimonio público". Por último, en fachadas, muretes, pilares y muros las sanciones oscilaban entre 300 y 1.500 euros y, ahora, si la pintada es de menos de un palmo, la multa es de 750 euros; si es de más de un palmo, de 1.500 euros y si es de más de un metro, de 2.000 euros "por daños al patrimonio privado".

Sin embargo las multas no alcanzan siquiera los dos centenares al año. En 2018 se abrieron 129 expedientes y entre enero y noviembre de 2019 hubo 125. Entre el último mes del año pasado y el primero de este se han puesto 76, de los cuales 27 han sido en Centro, según informa el área a este diario.