El 'pacto de reconstrucción' de Canarias prevé movilizar 18.500 millones

El 'Pacto para la Reactivación Social y Económica de Canarias' firmado este sábado en el Parlamento por el presidente del Gobierno regional, Ángel Víctor Torres, cinco grupos parlamentarios, las dos patronales empresariales de las islas, las cámaras de comercio, los sindicatos CCOO y UGT y representantes del tercer sector, estima que hará falta movilizar en las islas unos 18.500 millones.
El presidente de Canarias, Ángel Víctor Torresm en la firma del 'pacto de reconstrucción' de Canarias
El presidente de Canarias, Ángel Víctor Torresm en la firma del 'pacto de reconstrucción' de Canarias
GOBIERNO DE CANARIAS

El documento, que finalmente no fue suscrito por PP y Cs al no contar con fichas financieras concretas, sí recoge, por ejemplo, el compromiso de que el Estado puede aportar más de 3.162 millones que se complementarían con los 7.220 millones que pondrá la propia comunidad autónoma sobre la mesa.

Además, de capital privado se esperan más de 3.900 millones de euros -3.500 millones vía préstamos- en tanto que entre cabildos y ayuntamientos aportarán 1.960 y 2.273 millones, respectivamente.

Por ejemplo, para el mantenimiento de los servicios públicos fundamentales, el Ejecutivo regional aportará 5.635 millones de recursos propios mientras que con el fin de reactivar la economía se dejan de recaudar 700 millones en concepto de aplazamiento de impuestos.

En cuanto a medidas de protección social y del empleo, se destinan 295 millones a la renta de ciudadanía -264 millones con cargo a fondos del Estado- y los ERTE, que pueden ser prorrogados hasta final de año en el turismo y los transportes, alcanzan un coste de 984 millones.

Para la construcción, el pacto plantea una inversión en obra pública superior a los 1.700 millones -más 500 millones del litigio con el Estado por el convenio de carreteras y el superávit de 2018- que se complementaría con otros 400 millones del sector privado gracias a un conjunto de medidas orientadas a la simplificación administrativa.

De la parte que corresponde al Estado, los firmantes calculan que afrontará 984 millones por el pago de los ERTE, 350 millones para fortalecer el sistema sanitario, 283 millones en inversión de obra pública, 360 millones en préstamos para pymes y autónomos y los 500 millones pendientes del contencioso de carreteras, entre otras partidas.

Para la ejecución de un plan de trabajo en concreto y la supervisión de todas las actuaciones se creará una mesa de diálogo y seguimiento permanente entre el Gobierno y los agentes económicos y sociales.

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