Adelante/IU ha señalado las diligencias incoadas por el Juzgado mixto número dos de Estepa respecto a la gestión de la entidad, marcada por la detención de seis de sus miembros.

Mientras la Policía Nacional señala que estas personas prestaron declaración en calidad de detenidos y después quedaron en libertad, el Consorcio viene defendiendo que los aludidos comparecieron "voluntariamente" ante la Policía tras pedirles los agentes que se personasen en la comisaría más cercana, en este caso la de Antequera (Málaga), en el marco de una visita a la sede del Consorcio a la búsqueda de documentos.

PETICIÓN URGENTE

Y si bien el Consorcio expone que el asunto giraría en torno a "documentación anterior a la toma de posesión de Antonio Jesús Muñoz (PSOE) como presidente de la entidad en octubre de 2019", declarando voluntariamente el también alcalde de Estepa, IU avisa de que hasta el 21 de marzo de 2019, el secretario interventor y el gerente de la entidad figuraban como administradores de una sociedad mercantil radicada en Alicante y con la que el Consorcio habría trabado "importantes operaciones de contratación".

En ese sentido, tanto IU como el PP vienen reclamando el cese del secretario interventor del Consorcio, José Antonio Mañas, y del gerente, dada la denuncia promovida en su contra por la Fiscalía a cuenta de las contrataciones de esta entidad pública con la citada empresa alicantina administrada por ambos, una denuncia que iría también contra del alcalde de Casariche, Basilio Carrión (PSOE).

Ahora, Adelante/IU ha expuesto que tras la personación de la entidad como acusación particular en las diligencias que sigue el Juzgado de Instrucción número dos de Estepa, el actual presidente de la institución "conoce perfectamente lo que ha ocurrido y debe dar cuenta de los hechos y de las medidas que se van a adoptar".

Por eso, reclama una reunión de la junta general del Consorcio, extremo largamente demandado por IU y PP, para adoptar "medidas cautelares" respecto al secretario y el interventor y que Basilio Carrión de "explicaciones". Y es que según IU, como presidente de la entidad, "firmó un contrato directo por valor de 1.478.160,86 euros con una empresa privada, sin el más mínimo procedimiento administrativo, tal como le imputa la fiscalía" y transfirió dos camiones "a la empresa Magno Ambiental Levante sin procedimiento administrativo ni que conste ingreso".

Por eso, se le reclama que aclare "su vinculación personal o patrimonial con la empresa Magno Ambiental Levante o los propietarios de la misma, Mañas e Ibáñez".