El Gobierno se abre a que cada fase dure menos de 15 días y a permitir antes los viajes entre provincias

Imagen de dos mujeres cruzando una calle en Madrid durante la fase 0 de la desescalada.
Dos mujeres cruzan una calle en Madrid, que entra este lunes en fase 1.
JORGE PARÍS
Dos mujeres cruzan una calle en Madrid, que entra este lunes en fase 1.
JORGE PARÍS

El Gobierno central estudiará la modificación de la duración mínima de cada una de las fases de la desescalada, fijada en 15 días porque prácticamente coincide con el periodo de incubación del virus, así como dar luz verde a los desplazamientos entre provinciales antes de lo previsto. Así se ha anunciado este domingo en la rueda de prensa que han ofrecido la ministra de Hacienda y portavoz del Ejecutivo, María Jesús Montero, y el ministro de Sanidad, Salvador Illa. 

La posibilidad de modificaciones se hará en cada comunidad autónoma de forma individualizada y en función de cómo evolucione la pandemia. “Lo que hay vigente", insistió, "es lo que en su día se acordó”, ha abundado Illa. Reducir los plazos de cada fase aceleraría el periodo de desescalada y conllevaría dejar atrás algunas de las restricciones más severas que ha impuesto el coronavirus a la cotidianidad.

"La voluntad del Gobierno es aplicar el estado de alarma allí donde haga falta el mínimo tiempo necesario e ir viendo como evoluciona la situación epidémica", ha abundado Illa, que también se ha posicionado este domingo sobre la movilidad interprovincial. De acuerdo con el marco vigente ahora mismo, esta solo se permitirá en lo que se ha venido denominando 'nueva normalidad' (al final de la desescalada), pero desde Sanidad no descartan estudiar la situación en algunas provincias, como vienen reclamando desde las comunidades autónomas.

El ministro Illa ha remarcado que esta medida solo será viable si la evolución de la pandemia tiende a la remisión.

Los ERTE en el sector turístico, más allá de junio

Durante su comparecencia, Montero, también ha asegurado que una de las posibilidades que baraja el Gobierno es que las empresas del sector turístico puedan prorrogar los Expedientes de Regulación Temporal de Empleo (ERTE) más allá del 30 de junio, una medida que iría ligada a las circunstancias de la recuperación de este sector esencial para la economía española.

La portavoz del Gobierno ha asegurado que todas las medidas relativas al sector turístico se tomarán junto a las comunidades en una conferencia interterritorial. Otras, como el establecimiento de los llamados corredores seguros para viajeros de otros países o el establecimiento de protocolos higiénicos y sanitarios, se tratarán con otros Estados y con la Comisión Europea. 

Curso escolar

La portavoz del Gobierno también ha informado de los aspectos educativos de la desescalada, de los que están pendientes muchos padres. María Jesúa Montero ha indicado que el próximo curso comenzará con clases presenciales, siguiendo las recomendaciones sanitarias que se dicten, siempre que no haya "un paso atrás" en la situación de la pandemia.

Las comunidades y el Gobierno se encuentran en contacto constante en materia educativa porque, dado que es una competencia transferida a las autonomías, se busca la mayor coordinación entre territorios y un "intercambio de buenas prácticas" de cara a mejorar las políticas a implantar.

Transferencia de fondos a las comunidades 

Sobre otro de los aspectos que más preocupa en los gobiernos autonómicos, la transferencia de los fondos para hacer frente a todos los gastos que ha provocado la pandemia, también se ha arrojado algo más de luz este domingo. La ministra de Hacienda y portavoz del Ejecutivo ha señalado que 6.000 de los 16.000 millones de euros habilitados se desbloquearán a principios de junio.

"Los criterios de reparto del fondo serán negociados y consensuados con las formaciones políticas", ha dicho Montero, que ha precisado que de los 16.000 millones, 10.000 serán para gasto sanitario, 1.000 para temas sociales y 5.000 para caída de ingresos propios. 

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