En una resolución emitida el pasado 22 de abril y recogida por Europa Press, la oficina del Defensor del Pueblo Andaluz aborda "la falta de personal médico que persiste en el centro penitenciario de Sevilla II", en alusión a "cinco bajas que no han sido cubiertas", una situación que provoca que "deban priorizarse las urgencias y guardias, afectando a las consultas y visitas de rutina en los diferentes módulos".

A tal efecto, recordemos que hace pocos días, esta cárcel registraba una muerte más de un reo, después de que una reciente respuesta escrita del Gobierno central a un senador de Compromis respecto a los fallecimientos de presos en las cárceles españolas reflejase que entre enero de 2015 y diciembre de 2019, la cárcel de Morón sumó 47 fallecimientos, tratándose del centro penitenciarios con mas muertes en dicho periodo.

"Estas carencias, referidas a la asistencia sanitaria que debe prestarse a los internos, pueden redundar en disfunciones en las actividades ordinarias del centro y revertir también en una derivación de cargas de trabajo a los centros hospitalarios de referencia que, probablemente, podrían ser mejor abordadas de contar con la dotación sanitaria prevista", señala en cualquier caso el departamento de Maeztu, recordando que "esta situación ha sido también planteada por diversas organizaciones sindicales" y elevada a la Secretaría General de Instituciones Penitenciarias.

LAS PLAZAS DE LA RPT

Tras la correspondiente consulta a la Secretaría General de Instituciones Penitenciarias, dicha instancia confirmó a la Oficina del Defensor del Pueblo Andaluz que estaban sin cubrir tres de las ocho plazas de facultativo de sanidad penitenciaria reconocidas en la relación de puestos de trabajo (RPT) de esta cárcel y otras tres de enfermero de un total de once.

"La situación en materia de personal de esta área permite asegurar el desempeño del servicio público asignado. Consideramos que las plazas de enfermeros serán cubiertas en breve, pero no ocurre lo mismo con las plazas de facultativo, ya que las diferentes ofertas en los sucesivos procesos selectivos no se están cubriendo sino de una manera ínfima", respondía textualmente a Maeztu la Secretaría General de Instituciones Penitenciarias.

Al respecto, dicha instancia precisaba que estas plazas de facultativo no están siendo cubiertas por "la falta de aspirantes, la renuncia de muchos de ellos durante el proceso selectivo a pesar de haber superado los ejercicios e incluso la renuncia en el momento de incorporarse al curso de formación, renunciando a una plaza de funcionario de titularidad definitiva, al preferir acceder a plazas de interinos o contratados en la sanidad pública o privada, pues obtienen una remuneración superior".

"Desde esta Administración se están redoblando los esfuerzos para conseguir mayores dotaciones de médicos, además de propiciar encuentros y negociaciones tendentes a hacer efectivas las transferencias de la sanidad penitenciaria en el ámbito de la Comunidad Autónoma de Andalucía", defendía la Secretaría General de Instituciones Penitenciarias, ante lo cual la Oficina del Defensor del Pueblo Andaluz ha dado por concluidas sus actuaciones al respecto.