Derogación de la reforma laboral: "Lo que más preocupa es el contexto, porque hay un empoderamiento del poder ejecutivo"

Pedro Sánchez y Pablo Iglesias conversan durante el pleno en el Congreso.
Pedro Sánchez y Pablo Iglesias conversan durante el pleno en el Congreso.
J.J. Guillén / EFE

Si la derogación de la reforma laboral será íntegra o parcial, no está claro todavía, ni si quiera entre los partidos implicados en el acuerdo, pero lo cierto es que si se trata de una u otra la complejidad para tramitarla variaría de forma considerable. En cualquiera de los dos casos, un estado de alarma no es la mejor situación para llevar a cabo cambios de este tipo, según los expertos.

"Lo que más preocupa es el contexto, en una situación de alarma, porque se cuenta con un empoderamiento del poder ejecutivo en relación al legislativo y tiene capacidades extraordinarias. Aprovechar esta situación excepcional para estos trámites de calado no es lo más adecuado", apunta Daniel Sansó, profesor de Derecho Constitucional en la Universidad Europea de Madrid. 

Este empoderamiento tiene especial importancia en los plazos. En una situación de normalidad, una reforma íntegra tardaría meses solo en su tramitación ya que debería pasar por el Congreso y por el Senado, y nuevamente por el Congreso para su ratificación. 

Para empezar, habría que presentar un anteproyecto, porque "no se puede derogar una reforma sin tener otro texto que lo sustituya", explica Sansó, y sobre éste se comenzaría a trabajar, se debatiría y se llevaría a trámite parlamentario, lo que lleva unos plazos temporales para que los grupos puedan leer el proyecto y se lleve a discusión con enmiendas y votaciones. Luego al Senado, que revisa la normativa con sus aportaciones, y volvería al Congreso para ultimar la votación antes de ver la luz. En total, varios meses que en periodo de urgencia se reducirían a la mitad, según el Artículo 94 del Reglamento del Congreso de los Diputados.

"Cuanto mayor calado tiene la reforma, mayor consenso necesita"

La reforma laboral de 2012 no abarca una única ley, sino que modificó varias, como el Estatuto de los Trabajadores, la Ley General de la Seguridad Social o la Ley de Igualdad, entre otras, por lo que para tumbarla es necesario un consenso amplio que en estos momentos tampoco existe entre los grupos políticos. "Esto es una reforma de estado y necesita un amplio consenso. Son políticas de estado y no de partido. Cuanto mayor calado tiene la reforma mayor consenso necesita", reitera Sansó.

Mucho más sencillo sería el procedimiento para derogar solo los tres puntos anunciados por el PSOE y que ya formaban parte del pacto con Podemos para un Gobierno de coalición. Según su versión del acuerdo, lo que se derogará de forma "urgente" es la posibilidad de despido por absentismo vinculado a enfermedad, las limitaciones temporales de la vigencia de los convenios colectivos y la aplicación prioritaria de los convenios de empresa sobre los sectoriales.

Uso "abusivo" de los reales decretos

Si bien el primer punto ya fue derogado el pasado mes de enero vía decreto ley, el Gobierno podría derogar los otros dos mediante la misma vía si no entra en leyes fundamentales pese a que expertos como Sansó lo consideran un "abuso" por parte del poder ejecutivo. "La Constitución reconoce al Ejecutivo la capacidad de legislar con decretos, pero el poder de legislar pertenece al Parlamento", señala.

El uso del decreto, añade, está indicado para situaciones de urgencia, "no para que haya un uso abusivo", ya que supondría "soslayar controles parlamentarios" al saltarse el trámite ordinario. "Primero legislo como yo quiero y el Congreso solo tiene que refrendar el proyecto que yo he puesto en marcha" y, además, en un plazo de treinta días desde su promulgación. 

Los poderes adicionales del Ejecutivo "no son para hacer reformas constitucionales que considere por su orientación política"

Este profesor de Derecho Constitucional insiste en que los poderes adicionales del Ejecutivo durante el estado de alarma se otorgan para conducir la situación "hacia el estado de normalidad, no para hacer las reformas constitucionales que considere por su orientación política y crear un nuevo escenario". A su juicio, cualquier reforma debería llevarse a cabo una vez lleguemos a la situación de normalidad y el Congreso recupere todos sus poderes ya que, de lo contrario, también se generaría una situación de inseguridad jurídica que afectaría gravemente a las inversiones en nuestro país.

La reforma laboral fue aprobada en el año 2012 durante el gobierno de Mariano Rajoy. Uno de los aspectos que más indignación despertó fue el abaratamiento del despido, que pasó de una indemnización de 45 días por año a 33. Curiosamente, este punto no se ha incluido como "uno de los aspectos más lesivos de la reforma laboral" a derogar.

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