Así, serán ayudas directas de 250.000 euros a cada una de las confederaciones empresariales de las dos provincias (CCE y CEOE-Tenerife), así como a los sindicatos de Comisiones Obreras (CCOO) y Unión General de Trabajadores (UGT), en ambos casos para financiar este año sus actuaciones por la mejora continua de las condiciones de seguridad y salud en el trabajo, la reducción de la siniestralidad laboral y la continuidad en el avance de la implantación de la cultura preventiva.

Estos objetivos están contemplados en el plan 2019-2020 del Icasel y desarrolladas por las entidades beneficiarias en virtud de los convenios de colaboración suscritos el pasado año con la Administración autonómica, según informó el Gobierno canario en nota de prensa.

Al respecto, se indicó que tras la suspensión de los plazos administrativos durante el estado de alarma por la crisis sanitaria del coronavirus, la Consejería acordó mediante una orden en abril pasado la continuidad de la tramitación de las cuatro subvenciones, entre otros expedientes, al entenderse como procedimientos indispensables para la protección del interés general o para el funcionamiento de los servicios básicos.

Ante ello, añade, las patronales y los sindicatos mostraron su conformidad con el mantenimiento de los plazos administrativos en la concesión y justificación de las ayudas del Icasel, organismo adscrito a la Consejería de Economía, a través de la Dirección General de Trabajo, al tiempo que informaron de la reprogramación de las acciones no realizadas durante el estado de alarma y de la preferencia por la modalidad telemática en las previstas como presenciales con anterioridad.

Finalmente, apunta que el carácter directo de las cuatro subvenciones se justifica por razones de interés social, que se fundamentan en la mejora continua de la seguridad laboral. La ausencia de concurrencia se argumenta en la condición de ser estas las más representativas de las entidades beneficiarias, además de integrantes del consejo rector del Icasel.