Así se ha pronunciado la plataforma turística, después de que el TSJIB diera la razón a Airbnb en una sentencia que anulaba la multa impuesta por el Ejecutivo balear por publicitar viviendas del alquiler vacacional no inscritas en el registro de la Conselleria de Innovación, Investigación y Turismo.

Desde Airbnb han indicado que el razonamiento de la sentencia se basa en gran medida en una decisión del Tribunal de Justicia de la Unión Europea (TJUE), en un caso presentado contra Airbnb por la patronal hotelera francesa (Ahtop). De acuerdo con la plataforma turística, en dicha sentencia, el TJUE aclaró que Airbnb debe regularse como un servicio de la sociedad de la información y no como un agente inmobiliario.

En este sentido, la sentencia del TSJIB también recogía que la obligación de incorporar en el canal de oferta el número de inscripción turística "es únicamente exigible a las empresas turísticas" y recordaba, en referencia a la Directiva 2000/31/CE, que "Airbnb es un prestador de servicios de la sociedad de información de alojamiento de datos".

De esta forma, el acto judicial del TSJIB detallaba que los artículos 28 y 106 de la Ley de Turismo de Baleares en los que el Govern basó su multa infringirían la directiva comunitaria y "vulneran el principio de primacía del Derecho comunitario".

AIRBNB QUIERE SER "UN BUEN SOCIO DEL GOVERN"

Airbnb ha indicado que "nunca ha cuestionado si debería someterse a regulación" y ha señalado que "las ciudades en las islas pueden y deben tener sus propias reglas".

Asimismo, la directora General para España y Portugal de Airbnb Marketing Services S.L., Mónica Casañas, ha asegurado que la plataforma quiere "ser un buen socio y trabajar con el Govern, los consells insulares y los alcaldes en soluciones innovadoras para los desafíos que tienen las Islas".

Desde la plataforma han recordado que sólo el año pasado, los viajes en Airbnb generaron una actividad económica "de más de 640 millones de euros en el conjunto de Baleares". Asimismo, han señalado haber trabajado "con más de 500 gobiernos y autoridades de todo el mundo en regulaciones y propuestas que diversifican el turismo, protegen la vivienda y facilitan que más anfitriones paguen más impuestos".

"El compromiso de Airbnb es a largo plazo y continuo y, sin ser perfecta, la empresa continúa aprendiendo y su deseo es tener sólidas relaciones con los gobiernos en Baleares", ha concluido Casañas.