La Junta, a través de la Consejería de Fomento y Medio Ambiente, viene destinando al mantenimiento ordinario del equilibrio económico de los servicios de transporte público regular de uso general de su titularidad con un esfuerzo económico anual superior a los 12,9 millones de euros.

Se trata de un esfuerzo económico "imprescindible para el mantenimiento del tejido empresarial del sector", que se encuentra "muy atomizado", pero "a la vez muy pegado al territorio y muy arraigado en el entramado social y empresarial de ciudades y pueblos", tal como subraya el Ejecutivo autonómico.

Las subvenciones se conceden a 235 concesiones de transporte público de viajeros, que afectan a 134 empresas, que emplean a más de 3.500 trabajadores directos.

En su inmensa mayoría son servicios deficitarios que atienden multitud de tráficos rurales que conectan localidades de escasa población con las principales localidades de la Comunidad, o bien transportes metropolitanos o periurbanos.

En el período de marzo, abril y mayo, la limitación de la movilidad y la declaración del estado de alarma han producido en Castilla y León una caída de la demanda de viajeros en el transporte público superior al 90 por ciento, a lo que hay que añadir el coste adicional producido por las necesarias limitaciones en la ocupación de los vehículos y las medidas de distanciamiento social impuestas por la autoridad sanitaria.

Todas estas medidas adoptadas por la Administración sobre reducción de servicios, junto con las restricciones a la circulación de personas impuesta por la declaración del estado de alarma, tienen como consecuencia directa una minoración sustancial de los usuarios y una reducción drástica de los ingresos de las concesiones de transporte en un 95 por ciento, quedando "afectado sustancialmente su equilibrio económico financiero".

Para asegurar la adecuada sostenibilidad económico-financiera de los servicios de transporte público regular de uso general de viajeros por carretera, se estima que el déficit de explotación ordinario de los servicios de transporte previsto para el ejercicio de 2020 ascienda a 12.900.000 euros.

PRESUPUESTO ADICIONAL

A este importe hay que añadir un cantidad adicional que asciende a 4.185.027,74 euros para compensar la excepcional pérdida de ingresos sufrida en la explotación de los servicios deficitarios de transporte público regular de uso general de viajeros por carretera desde el 12 de marzo de 2020, fecha de entrada en vigor de la Orden SAN/295/2020, de 11 de marzo, por la que se adoptan medidas preventivas y recomendaciones en relación con la COVID-19 para toda la población y el territorio de la Comunidad de Castilla y León.

Todo ello arroja un importe total de 17.085.027,74 euros, cantidad en la que se fija el gasto para la concesión de subvenciones destinadas a la explotación de servicios deficitarios de transporte público regular de uso general de viajeros por carretera para el año 2020.

No obstante, la Junta señala que "muy previsiblemente" las medidas de limitación de ocupación y distanciamiento social en el transporte público y la reducción de la demanda que se producirá a lo largo de los meses siguientes, según la crisis de COVID-19 vaya evolucionando, provocarán "un mayor déficit que el estimado hasta la fecha", lo que exigirá tramitar en su momento una petición para ampliar este gasto inicial.

La Junta espera que este esfuerzo económico se vea acompañado por fórmulas extraordinarias de financiación a las comunidades autónomas desde el Gobierno de España, que debe de tener en cuento "no sólo las ciudades, el transporte urbano y el metro, sino especialmente las necesidades del medio rural".

Así se considera "urgente" poner a disposición de las CCAA fondos adicionales específicos para hacer frente al impacto económico derivado de la COVID-19.

Dichos fondos adicionales que deben dirigirse de manera urgente a paliar, a juicio de la Junta, la "difícil situación" de liquidez en que se van a encontrar de manera inmediata los operadores del transporte metropolitano o periurbano en cuanto se produzca el inicio del retorno gradual a la actividad económica.

Por ello, la importancia de concretar, por parte del Ministerio de Transportes, Movilidad y Agenda Urbana, fórmulas "precisas" de financiación al transporte metropolitano, cualquiera que sea la estructura administrativa o configuración jurídica de dicho transporte.

Financiación adicional que "debe alcanzar a todo el transporte metropolitano", aunque presente otras estructuras diferentes a la consorcial, ya sean "planes coordinados de transporte, convenios interadministrativos u otras fórmulas específicas de organización territorial".