El ingreso mínimo vital que se aprobará, previsiblemente, en el Consejo de Ministros de la semana que viene está prácticamente cerrado. Tal y como se comprometió el Gobierno, la idea es que la prestación sea efectiva en junio, y según adelantó este diario, el Ministerio de Seguridad Social y la Vicepresidencia de Derechos Sociales -lideradas por José Luis Escrivá y Pablo Iglesias, respectivamente- se encuentran ultimando un diseño que se espera que alcance a un millón de hogares.

No obstante, esta semana se prevé clave a la hora de definir algunos puntos importantes de la prestación que aún no están cerrados. Entre ellos se encuentran la cuantía de la misma, aunque está prácticamente decidido que el umbral mínimo de ingresos sea de 462 euros y que el Estado complemente las rentas de la familia hasta esa cantidad. Pero también está aún por definir la edad mínima que deberá tener quien cobre la ayuda, su nivel máximo de patrimonio o el periodo que se utilizaría como referencia a la hora de calcular la prestación.

En este sentido, el ingreso mínimo vital va a fijar un suelo de renta para cada tipo de hogar en función de sus características (el número de personas que lo componen, si hay o no menores...). Para determinar si se tiene derecho a la prestación se realizará un test de riqueza a la persona, lo que implica que cuando se presente la solicitud se analizará que el hogar no supere un determinado patrimonio para poder acceder.

Para superar dicho test no se tendrá en cuenta la vivienda habitual, en el caso de que se tenga en propiedad, salvo que esta sea de "un valor excepcional", si bien dicho valor no está definido. Tampoco se ha cerrado aún cuál es el nivel máximo de patrimonio que podrán acreditar los potenciales beneficiarios del ingreso mínimo para acceder a la ayuda.

Lo que sí se conoce es que el ingreso mínimo vital perdurará una vez superada la emergencia sanitaria y que será compatible con las rentas de inserción que tienen en marcha algunas comunidades. No obstante, no se ha terminado de cerrar aún el periodo que se tendrá en cuenta a la hora de determinar quién puede acceder a la ayuda y quién no. Una de las opciones sobre la mesa es la de tomar como referencia los ingresos de los últimos meses, lo que permitiría llegar a ciudadanos que han visto desplomarse su renta a raíz de la crisis del coronavirus y no solo a los que ya eran vulnerables desde antes.

Otro de los puntos a definir en la semana que queda hasta el próximo Consejo de Ministros es la edad mínima que debe tener el perceptor para cobrar la ayuda, así como el tiempo mínimo que debe llevar en España el solicitante para poder pedir la ayuda. Lo que sí está ya decidido es que los inmigrantes que no tengan los papeles en regla no estarán incluidos entre los beneficiarios del ingreso mínimo vital.

Se aprobará la semana que viene

Está previsto que el ingreso mínimo vital se apruebe en el Consejo de Ministros que tendrá lugar el próximo martes 26 de mayo, después de que Seguridad Social y la Vicepresidencia Segunda hayan trabajado a marchas forzadas para diseñarlo. La prestación estaba recogida en el programa de coalición, pero en un primer momento no se preveía aprobarla con tanta urgencia, si bien la parte de Unidas Podemos del Ejecutivo presionó para acelerar los tiempos.

La idea es que a unos 100.000 hogares ya identificados como vulnerables se les asigne la prestación directamente, mientras otros 900.000 tendrían derecho a la misma. El ingreso será compatible con otras prestaciones y con las rentas mínimas de las comunidades autónomas, aunque fuentes del Gobierno admiten estar "cerrando los detalles" de cómo se complementarán éstas con la renta mínima nacional.

También se podrá compatibilizar el cobro de la renta mínima con algunos ingresos salariales propios que no superen el umbral que establezca la prestación. La idea es que cobrar la ayuda no desincentive la búsqueda de empleo y que trabajar siempre salga más a cuenta que únicamente cobrar el ingreso.