No lo autorizan, pero tampoco lo prohiben explícitamente. En esta situación de vacío legal se encuentran los artistas que desarrollan su actividad en las calles y plazas de la ciudad. Mimos, acróbatas y actores realizan sus espectáculos «sin saber si a los cinco minutos nos levantará la Policía», comenta Mucks Demouy, un artista circense afincado en la capital granadina y miembro de la asociación La Mona y el Boquerón.
Como él, profesionales independientes y asociaciones de artistas de calle que «hacemos la gorra» reclaman al Ayuntamiento que regule los espectáculos en la vía pública «para poder trabajar con todas las de la ley», apostilla Demouy.
«Durante muchos años hemos actuado en la plaza Bib-Rambla, la gente se paraba a vernos y aplaudía nuestros espectáculos, pero en verano comenzaron a multarnos y a confiscarnos el material», narra el artista.
Algo parecido le ocurre a José María Ortiz, mimo de profesión: «He presentado una solicitud al Ayuntamiento explicándole la actividad que realizo y los decibelios que emite mi espectáculo -representa a un espantapájaros y recita poemas de Lorca-, pero no he obtenido respuesta», lamenta. «Para ellos somos cuatro hippies y no artistas profesionales que nos entrenamos a conciencia», añade.
Un permiso fantasma
Todos los afectados consultados subrayan que «la Policía Local nos dice que necesitamos un permiso», un requisito que ni el propio Ayuntamiento conoce pues, en estos casos, «sólo están regulados por la ordenanza contra la contaminación acústica los que actúan con música», según fuentes municipales.
José Pascual, de Animasur, matiza que «en Granada no hay mucha persecución policial contra estas actividades, pero tampoco se facilita». En su opinión el «Ayuntamiento debería no sólo facilitar este tipo de iniciativas, sino fomentarlas ya que enriquece la vida cultural de la ciudad».
Barcelona y Gijón van por delante
Para José Pascual la solución pasa por adoptar medidas similares «a las de Barcelona, donde a los artistas que hacen la gorra se les permite actuar en las Ramblas». O también en Gijón, «donde es el propio Ayuntamiento el que paga a los actores y mimos para que mantengan activa la vida en la calle».
José María Ortiz ha reunido ya unas mil firmas para que el Consistorio de la capital «nos permita desarrollar una actividad socio-cultural amparada por las leyes del Estado en lugar de actuar de forma arbitraria según qué casos».
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