En este sentido, se ha acordado que el Consistorio expresa su respaldo a los acuerdos adoptados por la junta de gobierno de la Federación Española de Municipios y Provincias (FEMP) sobre medidas económicas extraordinarias para paliar los efectos económicos del coronavirus.
Entre dichas medidas se encuentran las de índole financiera, las referidas a empleo y las que incumben a la contratación pública, así como la eliminación de la tasa de reposición para los ayuntamientos que han cumplido las reglas fiscales y disponen de remanentes, al tiempo que solicitan material preventivo y de protección y el impulso a los proyectos europeos.
De igual modo, los grupos municipales han respaldado el documento de medidas económicas del grupo de 15 ciudades que acordaron elevar a la junta de gobierno de la FEMP.
Por otra parte, ha salido adelante una moción conjunta sobre la supresión de los efectos coercitivos en la práctica de las reglas fiscales y facultar a los consistorios para abordar las políticas necesarias a fin de proteger a la población de los efectos de la pandemia.
Al respecto, se ha acordado pedir la modificación de la Ley Orgánica 2/2012 de Estabilidad Presupuestaria y Sostenibilidad Financiera para que la regla de gasto permita a las administraciones públicas abordar la crisis económica y social actual, en otros puntos.
ESTUDIAR LA RENTA MÍNIMA
Igualmente, los seis grupos han acordado en otra propuesta instar al equipo de gobierno a crear una comisión de trabajo para "detectar la necesidad real de las familias que necesitan una renta municipal", así como "poder establecer un protocolo de seguimiento, análisis y evaluación".
Asimismo, han instado al gobierno municipal y al Gobierno andaluz a poner en marcha un protocolo de actuación para "mejorar la coordinación y los déficits organizativos de las consejerías con competencias en materia de salud, servicios sociales, educación, economía, empleo y vivienda con la Delegación de Servicios Sociales del Ayuntamiento, en relación con la Renta Mínima de Inserción Social".
En este caso, han planteado "actualizar el catálogo de prestaciones de Servicios Sociales, con cuyo proyecto cuentan desde el año 2018, y que de acuerdo con la Ley de Servicios Sociales de Andalucía es una herramienta fundamental para el sistema público de servicios sociales y para la ciudadanía como derecho reconocido".
También, han pedido al Gobierno de España que ponga en marcha el Ingreso Mínimo Vital y una vez se ponga en marcha, desde el Consistorio se podrá estudiar "la implantación de una Renta Garantizada Municipal de forma subsidiaria, excepcional y con carácter temporal complementaria de la renta mínima estatal como de la autonómica".
Además, se realizará "en virtud de lo que establezca la normativa vigente y los recursos disponibles pendientes del desbloqueo del superávit municipal, de los fondos liberados por la negociación con entidades financieras y fondos extraordinarios provenientes del Gobierno y la Unión Europea".
Los grupos han precisado que "la Renta Garantizada Municipal podrá estar integrada en un plan estructural contra la pobreza y la desigualdad social de ámbito mucho más global, que se trabajará en la comisión del plan estratégico general del Ayuntamiento".
En otro orden de cosas, la sesión plenaria ha aprobado dos declaraciones institucionales, una para el apoyo al desarrollo de un plan de medicina de precisión aplicada al tratamiento del cáncer en Córdoba y la otra sobre la declaración de "municipio sensible" por el Día de las personas desaparecidas sin causa aparente.
Y ha recibido el visto bueno el dictamen de la Comisión Permanente de Presidencia y Políticas Transversales para la aprobación inicial de la modificación de los Estatutos del Instituto Municipal de Desarrollo Económico y Empleo (Imdeec), entre otras iniciativas debatidas.
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