En una rueda de prensa celebrada tras la reunión del presidente canario, Ángel Víctor Torres, con el PP y la Federación Canaria de Municipios (Fecam), Olivera ha indicado que el esfuerzo de todas las partes es poner sobre la mesa los "elementos de unión" y aceptar que habrá "renuncias", como han hecho empresarios y sindicatos, por ejemplo.

"A final de mes tendremos el panorama necesario para plasmar el pacto en un plan concreto, pero hay otras consideraciones como cambios normativos que no cuestan dinero pero permiten movilizar la economía", ha señalado, resaltando la simplificación administrativa, que se puede promover con decretos leyes pero necesitan ser "validados" en los parlamentos.

Por eso, ha comentado que "todos" los implicados en el pacto tienen que comprometerse para que lo que se defiende en Canarias tenga una posición "fuerte" ante el Congreso, el Senado y el propio Estado, como ocurrió en los procesos de renovación del REF y el Estatuto, algo que fue "muy útil".

En esa línea, ha insistido en que todos deben "ser generosos" y fijar una posición común para ayudar a Canarias a salir de esta situación "tan compleja". "Con un pacto unánime será más fácil conseguir defender esos posicionamientos ante el Estado", ha agregado.

Olivera ha reconocido que la pérdida de recursos de Canarias "será notable" pero ha valorado el principio de acuerdo alcanzado este miércoles con el Ministerio de Hacienda para poder utilizar el superávit de la comunidad autónoma.

Además, ha señalado que habrá una "compensación" por la caída de recaudación de los tributos propios y Canarias "mejorará sustancialmente" en el reparto del fondo no reembolsable de 16.000 millones al estimarse que se incluyan como variables el número de PCR realizadas y el peso demográfico.

"Vamos dando pasos, no está cerrado del todo pero estamos perfilando un acuerdo concreto con números", ha señalado.

Olivera, que participará esta tarde también en los encuentros con Nueva Canarias y Sí Podemos, ha reconocido algunas diferencias con la propuesta de pacto del PP, más allá de su exigencia de fichas financieras concretas, especialmente con la bajada de impuestos.

Así, ha defendido las medidas de aplazamiento o ampliación de plazos del Ejecutivo y buscar una "posición intermedia" que permita poder desarrollar los compromisos de gasto y al mismo tiempo que los tributos no sean muy gravosos.

FLEXIBILIZAR LA LEY DE CONTRATOS PÚBLICOS

En esa línea ha abogado por no "hacer pruebas" con la estructura fiscal para poder mantener el nivel de ingresos y compensar la pérdida de actividad con el superávit, los remanentes de la corporaciones locales y el endeudamiento.

Sobre otras propuestas que se han puesto sobre la mesa, el viceconsejero ha comentado que se trabaja en alguna flexibilización de la Ley del Suelo y la ley de contratos públicos para poder impulsar la inversión privada.

En cuanto a la estabilización de las plantillas de trabajadores públicos, ha señalado que "preocupa" especialmente en la sanidad, cuya consejería inició un trabajo en la época de Teresa Cruz para ir acabando paulatinamente con la "precariedad" de la concatenación de contratos.

Ha comentado que "es un tema de largo recorrido" en la Consejería y que se abordará en el reforzamiento del sistema sanitario de los próximos meses, especialmente en Atención Primaria, que serán "la fuerza de combate" para "testar" casos sospechosos de coronavirus en los próximos meses.