Anabel -nombre ficticio- no podía dar crédito a la respuesta que recibió de una clínica dental de Palma de Mallorca el pasado cinco de mayo cuando pidió cita de urgencia para acudir a la consulta. Cincuenta euros de "suplemento de material necesario para prevenir infecciones por COVID". Se trata de un cobro extraordinario que algunos sectores, entre ellos los odontólogos, han comenzado a aplicar durante esta crisis sanitaria provocada por el coronavirus.

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Aquejada de una infección bajo un puente dental, Anabel recurrió a una red de clínicas a la que había acudido en ocasiones anteriores. Sin embargo, la política de la empresa la indignó. "Cobran 50 euros independientemente del precio de la intervención. ¿Y si hubiera tenido que ir tres veces? ¿Me habría costado 150?", se pregunta molesta. "Es un aprovechamiento vergonzoso", insiste, y recalca que deberían ser los centros quienes asumiesen estos costes y no cargarlos a los pacientes.

Para evitar el cobro extraordinario, optó por otra clínica, donde no existía ese recargo y en la que, además, le proporcionaron un kit de mascarilla y guantes. Sin embargo, este centro mallorquín no es un caso aislado. El presidente del Consejo General de Dentistas, Óscar Castro, admite estar al tanto de la existencia de este suplemento y explica que se trata de una práctica "absolutamente legal".

Una práctica legal

"Somos corporaciones de derecho público, donde controlamos el hacer profesional, pero no entramos en asuntos económicos. De hecho, lo tenemos taxativamente prohibido, y la Comisión Nacional de los Mercados y la Competencia actúa ante cualquier dirigismo por parte de los Colegios o el propio Consejo en cuanto a fijar precios o recomendar tarifas", apunta Castro, que recalca que el odontólogo tiene el deber de dar a conocer estas modificaciones en el cobro y el paciente el derecho a estar informado. 

Se trata, matiza, de "un contrato de obra entre el dentista y el paciente" y este último puede aceptar o no esas tarifas y esa "tasa COVID". "Cada uno en su trabajo, en su negocio, tiene absoluta libertad para fijar las tarifas", apunta Castro. 

Han sido los desembolsos adicionales asumidos por los odontólogos durante esta crisis los que han llevado a algunos de ellos a cobrar este extra en concepto de desinfección o de material adicional. "Hay dentistas que lo asumen dentro de los tratamientos y ganan menos. Otros optan por repercutir este gasto excepcional a los pacientes mediante el aumento de las tarifas o la creación de un suplemento", detalla el presidente del Consejo.

"Hay dentistas que lo asumen en los tratamientos y ganan menos. Otros optan por repercutir este gasto a los pacientes"

Castro añade que el precio de los equipos de protección individual, como guantes y mascarillas -indispensables para los odontólogos-, han "multiplicado su precio por cuatro". Además, al principio de la emergencia, muchos centros donaron los EPI a la Sanidad pública para hacer frente a la emergencia, por lo que se vieron obligados a adquirirlos posteriormente. Asimismo, las clínicas dentales han visto reducido el número de pacientes, pues solo atienden urgencias, y han sufrido, en consonancia, una merma en sus ingresos.

Clínicas dentales y talleres automovilísticos

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En esta línea, la Organización de Consumidores y Usuarios (OCU) informa de que está recibiendo quejas por el cobro adicional, de hasta 60 euros, por los servicios de higiene y protección contra el coronavirus de algunos establecimientos. Se trata, matizan, de clínicas dentales y talleres de reparación de automóviles. 

"OCU considera que cobrar al cliente por el coste extra que supone higienizar a diario el establecimiento o por desinfectar el coche antes de repararlo puede ser exagerado, pero es legal, lo mismo que hacerlo por poner a su disposición un gel hidroalcohólico o unos guantes", explica la organización en un comunicado, en el que incide en que el usuario debe ser informado y el desembolso debe estar "ajustado al precio real".

"Cobrar al cliente por higienizar el establecimiento o por desinfectar el coche puede ser exagerado, pero es legal"

Asimismo, desde la organización recomiendan rechazar el servicio en el caso de que el cobro resulte "abusivo" y denunciar ante el organismo de consumo competente en el caso de no haber sido informado de este coste adicional. 

A este respecto, FACUA entiende que no se puede cobrar "un suplemento concreto por protección COVID-19", pero ven "lógico" que determinados sectores se vean obligados a incrementar sus precios por el coste que la emergencia sanitaria les está provocando. Por todo ello, consideran que es preferible que "revisen sus cuadros de tarifas" en vez de crear un extra.

Por su parte, la Confederación Española de Talleres de Reparación de Automóviles y Afines (CETRAA) explica que no tiene constancia de que en el sector se esté cobrando este suplemento y recuerda a sus asociados la necesidad de respetar la legalidad vigente.