La CUP ha registrado este miércoles una solicitud de comparecencia del conseller de Economía y Hacienda de la Generalitat, Pere Aragonès, sobre la licencia de casino a Hard Rock, sobre la que quiere que dé explicaciones en la comisión de Economía del Parlament.
"Se trata de un proyecto nocivo para el territorio, nocivo para la salud y nocivo por los derechos laborales de la gente del territorio, y pone énfasis en la opacidad que ha habido desde el principio con la gestión de la compraventa de terrenos", ha aseverado la CUP en un comunicado.
El proyecto
La conselleria de Economía adjudicó en mayo de 2018 al grupo norteamericano Hard Rock la instalación y explotación del casino del Centre Recreatiu i Turístic (CRT) de Vila-seca y Salou, dando así luz verde al desarrollo del macrocomplejo de ocio y turismo Hard Rock Entertainment World (inicialmente, BCN World) en el que el grupo prevé una inversión global de 2.000 millones de euros.
Hard Rock fue el único operador que presentó una oferta para desarrollar el proyecto, después de que se retiraran el grupo catalán Peralada y el chino Melco, así como Veremonte en un proceso anterior, denominado entonces BCN World.
Compra de terrenos
El proyecto también depende de la compra de los terrenos en los que se ubicará el complejo, y que actualmente pertenecen a Criteria Caixa, el holding que controla las inversiones de las participadas de La Caixa, y que la Generalitat prevé comprar a través del Incasòl para después vendérselos a Hard Rock.
El Govern aprobó a principios de marzo autorizar al Incasòl a adquirir los terrenos por valor de 120 millones de euros. Finalmente, la compraventa se aplazará hasta octubre a petición de Hard Rock, debido al impacto económico que la pandemia del coronavirus está ocasionando en la compañía.
La CUP estudia llevar la compraventa de terrenos a Antifraude
El presidente de la Generalitat, Quim Torra aseguró el pasado junio, ante las críticas de la CUP durante una sesión de control, que el proyecto Hard Rock no costará "ni un euro público" y permitirá la creación de 12.000 puestos de trabajo en el Camp de Tarragona.
Sin embargo, la CUP estudia llevar a la Oficina Antifraude de Cataluña (OAC) la compraventa del Govern de los terrenos, por "malversación de dinero público destinado a rescatar unos terrenos financieramente tóxicos", como anunció en marzo.
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