Tras varias horas de "intenso debate" en la reunión de la Comisión de Estudio del Covid-19, el GPP ha reiterado su "advertencia firme" de que "sin garantías, no se pueden abrir los centros".

La portavoz de Educación del GPP, Pilar Pérez, ha criticado las instrucciones enviadas desde la Secretaría General de Educación a los directores de los centros que, por un lado, "delegan la responsabilidad" de la desescalada en los propios directores y que, al mismo tiempo, les emplaza a comprar material de protección para sus centros, pese a "reconocerles explícitamente" que el mercado está saturado, indica el PP en una nota de prensa.

Pérez ha manifestado que la Junta "no puede lavarse las manos" de esta forma y "eludir las consecuencias" de sus decisiones políticas para acabar trasladándolas directamente en los equipos directivos de los centros, que "han trabajado toda la pandemia con una consejera completamente desaparecida y sin una planificación que aportase certezas a la comunidad educativa en una situación extraordinaria".

Además, la portavoz ha recordado que los centros aún no han recibido las partidas para hacer frente a los gastos de funcionamiento normales. "Hay vidas en juego y la Junta no ha podido garantizar la seguridad de alumnos y profesores", ha aseverado Pérez.

En este sentido, la portavoz de Educación del GPP ha subrayado que la Junta está "demostrando su incapacidad" para liderar la desescalada y abrir las aulas, y "menos aún" para solicitar que sean más alumnos los que puedan incorporarse en 15 días, ya que cabe recordar que el Gobierno nacional limitó la vuelta a las aulas a los alumnos de Educación Infantil pero el presidente Vara propuso ampliarlo a los alumnos de Educación Primaria.

PROPUESTAS DEL GRUPO POPULAR

El Grupo Popular ha planteado una serie de medidas para garantizar la vuelta del personal docente extremeño a sus centros de trabajo y la posterior reincorporación de los alumnos, estos últimos a partir el mes de septiembre si la pandemia evoluciona positivamente.

La primera de las medidas es la aprobación de un Protocolo Integral de Seguridad que otorgue una total garantía para la comunidad educativa en los centros, y cuya responsabilidad recaiga en la Consejería de Educación.

La implantación de este protocolo requiere el paso previo de realizar una dotación de mascarillas, guantes, productos desinfectantes, gel hidroalcohólico y de todos los medios de prevención necesarios para el ejercicio de las funciones docentes en todos los centros públicos y concertados de la Comunidad Autónoma de Extremadura.

Así, Pilar Pérez ha propuesto que sea la Junta quien se haga cargo de la situación, sufragando íntegramente el importe de todos los medios materiales de prevención.

Por otro lado, el GPP ha insistido en que es necesario el reconocimiento público de la labor docente por parte de la Junta, ya que, en estos momentos "tan complicados", los profesores han demostrado un "compromiso" con la sociedad extremeña y con el servicio público educativo que "ha ido mucho más allá del deber" y, por supuesto, han estado "muy por encima de la supuesta tutela" que "no ha llegado ni en tiempo ni en forma" por parte de la Consejería de Educación.

La portavoz de Educación del GPP ha planteado que se confíe "plenamente en la profesionalidad" de los docentes de la región para salvar, sin carácter presencial, las actividades académicas previstas para lo que resta de curso, en caso de no ser posible una "total garantía de la seguridad" en un hipotético retorno a los centros.

Además, ha insistido en que la Consejería no puede demorar "ni un minuto más" la subida salarial del 2 por ciento acordada con los sindicatos y aprobada por el Gobierno.

Asimismo, el Grupo Popular ha defendido que está en contra de "todo tipo" de recortes en las plantillas de docentes para el próximo curso, ya que "no permitirían ni apoyos, ni desdobles, ni mejoras en las condiciones laborales del personal docente de Extremadura".