Según el informe anual presentado este miércoles por este órgano, el 80% de los expedientes remitidos desde la comunidad tuvo su origen en las provincias de A Coruña y Pontevedra. A nivel nacional, se sumaron 19.809 expedientes de queja (3.185 más que en 2018) de los que la mayor parte tuvo su procedencia en Madrid (5.659). Mientras, las ciudades autónomas de Ceuta y Melilla registraron el menor número (44).

Además, en el último año, el Defensor del Pueblo recibió 64 expedientes de queja procedentes del Valedor do Pobo, 17 más que en 2018. Esta cifra representó el menor número de los remitidos por los comisionados parlamentarios autonómicos. Así, el volumen cuyo origen se encontraba en el órgano gallego supuso un 4,62% del total frente al 3,49% del año anterior.

Dadas las quejas recibidas, el documento de gestión señala que se percibe "una demanda social" que apela a la necesidad de incrementar la dotación de "medios humanos y materiales" por parte de las administraciones públicas para ofrecer "servicios públicos de calidad". Además, se ha recordado que la presentación del informe ha tenido lugar en un contexto en el que la sociedad y la economía se han visto "profundamente alteradas por la crisis del coronavirus".

El documento anual de gestión también refleja que tres de las 135 solicitudes de interposición de recurso ante el Tribunal Constitucional (TC) contabilizadas en 2019 tuvieron su origen en la Comunidad gallega, en concreto, en la provincia de Pontevedra. Esta cifra supone un 2,22% del total. La mayor parte de estos expedientes procedieron de Madrid (92) y no se registró ninguno remitido desde Asturias, Navarra, las Islas Baleares y las ciudades autónomas de Ceuta y Melilla.

En cuanto a los tipos de conclusión ante las administraciones autonómicas de expedientes de queja individual, en el caso de Galicia se ha señalado que dos han sido actuaciones correctas y nueve han sido subsanados. Además, otro expediente no se ha subsanado y los siete restantes se han enmarcado en otros tipos de conclusión.

Adicionalmente, el órgano admitió 1.603 expedientes de años anteriores en 2019 y, de ellos, 59 procedieron de la comunidad. De estos últimos, 13 documentos se encuentran en trámite y dos en suspenso, mientras que 44 han sido concluidos. Así, los expedientes de estas características admitidos se han incrementado a nivel nacional y autonómico en relación a 2018.

ACTUACIONES DE OFICIO

El informe del Defensor del Pueblo apunta asimismo que de los 93 expedientes de actuación de oficio impulsados en 2019 ante las administraciones, cuatro se encuentran iniciados en la Comunidad gallega y otro concluido.

De este modo, se indica que, entre otras, se inició una actuación de oficio ante el Ayuntamiento de A Coruña en relación a "la situación de una mujer de 91 años que llevaba varios días sola en su casa sin comer ni beber". Adicionalmente, se actuó del mismo modo ante el Seprona y el Gobierno gallego tras el fallecimiento de varios caballos salvajes con propietario que solían participar en la Rapa das Bestas en Oia (Pontevedra).

También se inició una actuación de oficio ante varios gobiernos autonómicos, entre ellos la Xunta, sobre "el deber de priorizar los acogimientos de menores familiares frente a los residenciales", además de otra relativa a la sentencia dictada por el Tribunal Supremo respecto a la vigencia del título de familia numerosa.

Adicionalmente, el documento indica que se procedió del mismo modo ante la Consellería de Medio Ambiente, Territorio e Vivenda "dada la agresión por parte de un cazador a una perra que acababa de dar a luz a seis cachorros en el municipio de Chantada (Lugo)".

TRAMITACIÓN DE EXPEDIENTES

A nivel nacional, el Defensor del Pueblo tramitó 20.616 expedientes, en concreto, quejas (20.215), investigaciones de oficio (266) y solicitudes de interposición de recurso de inconstitucionalidad (135). Además, se atendió a 2.501 ciudadanos de modo presencial y otras 14.901 personas a través de llamadas telefónicas.

Durante el ejercicio anterior, este órgano formuló a las administraciones 1.551 resoluciones. Así, se emitieron 574 recomendaciones, 490 sugerencias, 478 recordatorios de deberes legales y nueve advertencias.

En 2019 también presentó un recurso ante el Tribunal Constitucional contra un apartado de la Ley Electoral que permitía a los partidos políticos recabar datos personales para elaborar perfiles ideológicos. También interpuso otro recurso contra la Ley de caza de Castilla y León. Así, los recursos de inconstitucionalidad presentados ante al Alto Tribunal por el Defensor del Pueblo ascienden a 31 desde su entrada en funcionamiento.