Con este cambio, la actual defensora de la ciudadanía de Palma, Anna Moilanen, podrá seguir en el cargo a menos que lo deje por voluntad propia o sea suspendida en sus funciones por los motivos que se recogen en la nueva norma, como una sentencia judicial firme por un delito doloso.

La modificación se ha aprobado por unanimidad -16 votos se han emitido presencialmente y el resto de forma telemática, debido a las medidas de seguridad por el coronavirus-. El pleno ha procedido a la votación directa de este punto, sin debate, tras acordarlo la Junta de Portavoces.

La modificación elimina el límite al mandato del defensor de la ciudadanía de Palma, que estaba fijado en 100 días desde la constitución del consistorio siguiente.

A partir de ahora, sólo podrá cesar en el cargo, antes de finalizar el mandato, por dimisión, inhabilitación declarada, pérdida de la condición de vecino de Palma, condena por delito doloso en sentencia firme, negligencia manifiesta apreciada por el pleno o defunción.

En el Ayuntamiento, la propuesta de modificación fue aprobada a finales de octubre con los votos a favor de todos los grupos municipales excepto el PP, que se abstuvo.