La vicesecretaria general y secretaria de Política Municipal del PSOE, Antonia García, ha explicado que "con la crisis económica y social que se ha producido por el coronavirus los ayuntamientos se están convirtiendo en herramientas fundamentales para mitigar sus consecuencias, especialmente entre las familias con menos recursos".

No obstante, ha continuado, "pese a su importancia los municipios sólo han recibido de la Junta de Andalucía 29 millones de los 51,7 incluidos en el Fondo Social Extraordinario para la lucha contra la pandemia aportado por el gobierno de Pedro Sánchez". "Una cantidad a todas luces insuficiente y que no cubre las necesidades que tienen estos consistorios para afrontar la crisis producto del COVID-19", ha apostillado.

A juicio de la dirigente socialista "la actitud del gobierno andaluz de derechas no nos extraña teniendo en cuenta que ya durante los años en los que el Partido Popular estuvo en el ejecutivo central con Mariano Rajoy, que coincidieron con la crisis anterior, vimos cómo los derechos sociales y los servicios públicos sufrieron unos recortes y unos ataques brutales".

"En estos momentos debemos evitar que se agudice la crisis que se ha instalado en nuestro país, utilizándola como excusa, como podría pretender la Junta de Andalucía, para intentar privatizar servicios públicos y reducir las ayudas necesarias para atender las situaciones de vulnerabilidad de muchas familias de nuestra provincia", ha expresado a través de un comunicado García.

En este punto, ha señalado que "por el contrario desde el Gobierno de Pedro Sánchez se ha actuado de manera rápida y contundente para paliar estas dificultades entregando 25 millones de euros para becas comedor y, más tarde otros 300 millones en el refuerzo de los servicios sociales, así como a través de otra serie de iniciativas que están contribuyendo a proteger a los que más están sufriendo esta crisis".

"A nuestro juicio -ha agregado- entendemos que el resto de administraciones, especialmente la Junta y la Diputación, que están respondiendo de una forma más lenta y tenue, deben responder del mismo modo, acompañando estas medidas con otras dotadas de fondos propios para reforzar este Sistema Público de Servicios de Servicios Sociales".

Con esta moción, según la responsable socialista, "queremos que desde los ayuntamientos se respalden todas las medidas de apoyo a las familias más vulnerables adoptadas por el gobierno de Pedro Sánchez, enfatizando en el nuevo Ingreso Mínimo Vital, y se le exija a la administración autonómica, gobernada por Partido Popular y Ciudadanos, el mismo compromiso y dotación económica para el desarrollo de medidas como la Renta Mínima de Inserción Social de Andalucía".

De igual modo, ha informado de que se planteará otras iniciativas destinadas a reforzar el Sistema Público de Servicios Sociales como cuarto pilar del Estado de bienestar, la creación de un Fondo Social municipal para la atención rápida de familias vulnerables, el cumplimiento de la Ley de Servicios Sociales y la garantía en el acceso universal al conjunto de servicios y prestaciones o la reformulación del nuevo proyecto 'Tarjeta monedero' para asegurar la prescripción pública de recursos evitando duplicidades con los recursos utilizados a nivel municipal.

"Ya estamos percibiendo que con esta crisis se está agravando la situación que tienen muchas personas tanto en Andalucía como en Málaga, como ya han acreditado diferentes informes tanto de organismos públicos como de entidades sociales", ha advertido, al tiempo que ha añadido que "sobre todo, está teniendo un enorme impacto económico en hogares más vulnerables como son los de familias monomarentales con hijos e hijas a su cargo, personas que han perdido el empleo o vinculadas al sector doméstico o a la economía informal que nunca antes habían sido usuarias de los servicios sociales".

En suma, ha dicho, "tenemos la necesidad de seguir reforzando el estado social y por lo tanto es obligatorio el fortalecimiento del Sistema Público de Servicios Sociales a través de una mayor dotación presupuestaria y una mejor coordinación entre administraciones, garantizando la sostenibilidad y la cohesión social", ha concluido.