El órgano judicial ha dictado el auto este viernes, tan solo unas horas después de que el sindicato ErNE haya solicitado medidas cautelarísimas y sin previa audiencia de las partes, frente al Ayuntamiento de Vitoria-Gasteiz, en materia de prevención de riesgos laborales, para reclamar que realice las pruebas serológicas y de PCR del Covid-19 a los funcionarios la Policía Local de la capital alavesa.

En primer lugar, la central sindical ha pedido que los test se realicen a los agentes que estén en contacto con la ciudadanía, tanto dentro como fuera de la comisaría, para posteriormente someter a las pruebas a los que desempeñen sus tareas "sin tal contacto ciudadano, sin que por ello se dejen de realizar las pruebas que se venían realizando a aquellos policías locales que hubieran dado positivo o hubieran finalizado la cuarentena".

ErNE ha alegado que tiene conocimiento de que "únicamente se están realizando test por la Administración local demandada a aquellos policías locales que hayan dado positivo" en coronavirus o que hayan superado la cuarentena "por haber estado en contacto con alguna persona contagiada, antes de su reincorporación al trabajo". Para el sindicato, esto es "insuficiente".

En su auto, el Juzgado recuerda que "son notorios los desgraciados efectos que está produciendo el covid-19" y también "las rápidas, letales o mórbidas consecuencias que está generando". Ante ello, ha explicado que "el riesgo de contagio es extensible al personal afectado por la solicitud de las medidas cautelares, en este caso la Policía Local de Vitoria".

La magistrada recuerda que los funcionarios policiales "tienen derecho a una protección eficaz en materia de seguridad y salud en el trabajo", y deben "observarse, en todo caso, las recomendaciones e instrucciones" de las autoridades sanitarias.

En este sentido, subraya "la necesidad y oportunidad de realizar los test solicitados y en la forma en que se solicita" por parte de la central sindical. Para la jueza, la realización de los test solicitados es "incardinable en la protección eficaz en materia de seguridad y salud en el trabajo, debiéndose recordar que es público que la Administración Sanitaria pretende extender los test a una proporción importante de ciudadanos".

Por tanto, cree que sería "ilógico la exclusión de un colectivo que puede ser más sensible que otros al riesgo y, por ende, a la necesaria verificación del contagio". Contra esta resolución judicial cabe interponer recurso de reposición en los próximos tres días hábiles, una vez notificada.