Vox ha anunciado este martes que interpondrá una querella ante los juzgados de instrucción de Madrid para que se investiguen presuntos fraudes en la adjudicación de contratos públicos, con cargo al fondo de lucha contra la COVID-19 que cuenta con una dotación aproximada de 1000 millones de euros, porque considera que hay "opacidad" y que el Gobierno ha prevaricado y malversado fondos.

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Lo ha dicho, tras la junta de portavoces en el Congreso, la secretaria general del grupo parlamentario, Macarena Olona, quien ha explicado que esta iniciativa se suma a la petición que hizo Vox a mediados de abril para que el Congreso investigue los contratos y órdenes de pago dictadas por la Administración General del Estado durante la crisis.

Según Olona, se están conociendo informaciones "altamente preocupantes" en las que expone que dichos contratos se han cerrado con "comisionistas sin experiencia previa ni conocimiento", así como con "sobrecostes" y empresas en las que no existe ningún trabajador.

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Prevaricación y malversación

Por ello, ha explicado que la querella se ha interpuesto por presuntos delitos como prevaricación, malversación de fondos y fraude en la adjudicación de contratos públicos con cargo a dicho fondo y que se han celebrado bajo el pretexto de "situación de emergencia".

Olona ha indicado que tanto la investigación en el Congreso como la querella tiene como finalidad comprobar que se invierte adecuadamente "hasta el último euro" en la lucha contra la COVID-19.