Un programa masivo de inyección de dinero público para reflotar la economía. Ese es el plan que plantea IU para relanzar la situación económica después de los daños provocados por la crisis del coronavirus, un plan que supondría la movilización de más de 155.000 millones de euros -en torno al 15% del PIB español- que irían a parar a la mejora de los servicios públicos, la creación de un millón de empleos directamente dependientes de las administraciones o la implantación de nuevas ayudas sociales.

El documento elaborado por la federación liderada por Alberto Garzón al que ha tenido acceso 20minutos.es cuenta con más de 400 propuestas económicas, sociales o laborales que, según explican fuentes de IU, serán presentadas a sus socios de Podemos en las próximas fechas. El programa ha sido coordinado por el exconcejal de Hacienda del Ayuntamiento de Madrid, Carlos Sánchez Mato, y ha contado con la colaboración de cargos del Gobierno como Bibiana Medialdea, directora general de Consumo, o de expertos como Carlos Cruzado, presidente del Sindicato de Técnicos de Hacienda (Gestha).

La idea de IU es que esta gigantesca inversión se espaciara en lo que queda del año 2020 y los años 2021 y 2022. Y más de la mitad del gasto, en torno a 81.000 millones de euros, deberían servir para potenciar la financiación de los servicios públicos, incrementando un 20% el gasto en sanidad (y creando una farmacéutica pública) y un 30% el gasto en educación, ampliando la cobertura a la dependencia, garantizando la gratuidad del material escolar, sufragando el coste de las matriculas universitarias o ampliando la red de residencias públicas de mayores. IU propone, además, una renta mínima de 760 euros mensuales para familias en dificultades.

Otros 34.000 millones, según el plan de IU, serían para promover la transición ecológica. Y casi 19.500 millones de euros más irían a un paquete de inversiones públicas que se traduciría en un plan contra la pobreza infantil, un impulso del parque público de vivienda (y la limitación de precios de los alquileres del parque privado), un paquete de inversiones para las zonas rurales y menos pobladas o la creación -o nacionalización- de una empresa pública de generación de electricidad.

A estas cuantías se unirían otros 8.400 millones para garantizar la revalorización de las pensiones (y la subida de las mínimas) y 6.000 más para la "reforma del sector productivo". Pero, ¿cómo se pagaría semejante aumento de la inversión pública? Pues subiendo impuestos a las rentas altas y las grandes empresas y, fundamentalmente, a través de la puesta en marcha de bonos de deuda perpetua en la UE, una medida solicitada por el Gobierno que Bruselas está estudiando. No obstante, fuentes de IU admiten que "la financiación en el corto plazo tendrá que realizarse mediante el recurso a la deuda pública".

Reforma fiscal y medidas europeas

"No se trata de una subida de impuestos generalizada, ni mucho menos", ya que "se estima que la carga fiscal del conjunto de medidas implicará más contribución únicamente a un 3% de los contribuyentes", defienden estas fuentes. Entre ellos, las grandes empresas, ya que IU exige que se prohíba la entrega de ayudas estatales relacionadas con la crisis del coronavirus a compañías que tengan su sede o filiales en paraísos fiscales, una medida que por ahora el Gobierno ha evitado tomar.

De los 155.000 millones de inversión que comprende el plan, sin embargo, solo unos 57.700 se conseguirían con esta reforma fiscal, que contempla un impuesto de patrimonio del 1,5% para quienes tengan más de un millón de euros, un impuesto del 1% a los depósitos para la banca, la eliminación de las exenciones del impuesto de sucesiones para herencias de más de 600.000 euros o una subida del IRPF para quienes ganen más de 120.000 euros anuales.

El grueso del dinero para este plan de inversiones vendría, según señalan fuentes de IU, de las medidas de estímulo del BCE y, fundamentalmente, de la emisión de bonos de deuda perpetua de la Comisión Europea, pese a que aún no han sido aprobados. Se plantea, igualmente, pedir un préstamo de 25.000 millones de euros al MEDE, el fondo europeo de rescate, aunque IU rechaza condicionar la recepción del dinero a cualquier recorte presupuestario.

Según sostiene la federación liderada por Alberto Garzón, con su plan "en el período que va de 2019 a 2022 el incremento de deuda pública sería la cuarta parte que la que se produciría" si no se aplicaran estas medidas, y el porcentaje de deuda sobre el PIB a finales de 2022 sería inferior al de 2019. "Todo ello es debido al impulso de la recaudación derivada de la reactivación del PIB" y a "la reforma fiscal", considera IU.