De acuerdo con el informe 'Efectos de la crisis de la COVID-19 sobre la calidad del aire urbano en España', desde la declaración del estado de alarma se ha producido una reducción drástica de los niveles de contaminación atmosférica por dióxido de nitrógeno (NO2) en las principales ciudades españolas. Se trata de un descenso del 58 por ciento de los niveles habituales en estas fechas durante la última década.

En el caso de Palma, el descenso de los niveles de contaminación es del 67 por ciento de media entre sus estaciones de medición, siendo la reducción del NO2 del 73 por ciento en la estación de tráfico de Foners, que es la que habitualmente alcanza niveles más elevados de este contaminante.

Asimismo, el estudio ha revelado que la caída de la contaminación ha sido algo superior en el promedio del mes de abril (69%) que en la segunda quincena de marzo (64%). Los niveles de NO2 registrados durante el estado de alarma son los más bajos para los meses de marzo y abril de la última década en todas las ciudades analizadas, también en Palma.

Según el informe, a nivel nacional se aprecia una menor reducción de la contaminación en las ciudades de la cornisa cantábrica, mientras que las ciudades del litoral mediterráneo son las que más han rebajado los niveles de NO2. Las mayores reducciones se habrían producido en las ciudades de Alicante (72%) y València (69%), y las menores en Oviedo (42%) y Zaragoza (45%).

Desde Ecogologistas en Acción han recordado que el NO2 provoca cada año en España alrededor de 7.000 muertes prematuras, según el Instituto de Salud Carlos III y la Agencia Europea de Medio Ambiente, ya que es un gas irritante que agrava las enfermedades respiratorias y merma la resistencia a las infecciones.

"La reducción del tráfico motorizado en las ciudades tiene claros efectos en la disminución de la contaminación, algo que a su vez supone una importante mejora de la salud pública", han señalado desde Ecologistas en Acción.

Asimismo, la entidad ha propuesto mantener buenas prácticas durante la desescalada como la compra de proximidad, el teletrabajo voluntario, la administración electrónica o el escalonamiento de horarios laborales. Además, han reclamado potenciar la movilidad activa peatonal y ciclista, garantizar el transporte público mediante una ley de financiación, así como acelerar la implantación de zonas de bajas emisiones amplias y ambiciosas.