El 4 de mayo empezará oficialmente la desescalada y todas las comunidades -con excepción de tres islas canarias y una balear- partirán del mismo punto, la Fase 0 de la transición hacia la “nueva normalidad”. A partir de ahí, cada 15 días, las provincias o los territorios que finalmente se designen como unidades básicas serán evaluadas por unos parámetros objetivos que ha establecido el Ministerio de Sanidad pero que, sin embargo, se tendrán en cuenta “en conjunto”, no por metas concretas, para determinar quién pasa a la siguiente fase. Se trata de una opción más subjetiva que otras que estuvieron sobre la mesa del Gobierno y que abre la puerta a conflictos entre comunidades autónomas a la hora de ir saltando de una etapa a otra.

El riesgo es evidente en un ambiente político crispado, que no solo alcanza a comunidades gobernadas por el PP contra el Gobierno de Pedro Sánchez. El presidente de Aragón, Javier Lambán, no ocultaba este jueves que el plan de desescalada “no nos gusta” y que iba a poner todo su empeño en modificarlo. Lambán llegó a advertir de que “salvar vidas está muy por delante de salvar políticamente a Pedro Sánchez”. Mientras, en Madrid, el doctor Fernando Simón empezó ya a poner como farolillo rojo a Madrid y Cataluña. “Sí que es posible que [la desescalaa] se retrase en estas autonomías”, sugería la luz de los datos epidemiológicos. En la Comunidad de Madrid, uno de los gobiernos más beligerantes contra el Gobierno central, prefirieron no comentar las palabras de Simón.

A esto se suma el hecho de que pasar de una fase a otra no solo demuestra que se va venciendo al virus, también supone ensanchar la reapertura de la actividad económica y, por tanto, empezar antes a intentar poner remedio a la crisis económica por la pandemia. Una fuentes autonómicas admiten que el ambiente político no permite descartar polémicas a lo largo de la transición mientras que otras prefieren de momento ni mentar una posibilidad que tampoco pueden descartar, a pesar de que la bronca política que se ve en público no se da en absoluto de puertas para adentro en las reuniones con el Ministerio de Sanidad. No obstante, desde un gobierno regional se tiene claro que ningún presidente autonómico “se va a suicidar” poniendo en peligro a su población por forzar el ritmo de la desescalada. Por si acaso, el ministro Salvador Illa, ha lanzado un claro aviso para navegantes y lleva dos días advirtiendo a las comunidades de que "no va a haber carreras por ver quién desescalada más rápido”.

Este es el contexto en el que el Ministerio de Sanidad y sus expertos sanitarios evaluarán cada 15 días si los distintos territorios están preparados para avanzar en la desescalada. Lo harán en función de indicadores epidemiológicos, de movilidad y económico y sociales. Entre los primeros figuran aspectos como casos con síntomas compatibles con Covid-19, casos confirmados, personas hospitalizadas o ingresos en UCI. Otras informaciones que también tendrán que facilitar los gobiernos autonómicos son el numero de camas UCI ocupadas en ese momento, el número de equipos de protección o tests PCR almacenado, respiradores en reserva o centros no sanitarios en disposición de medicalizar.

Opción subjetiva

Para responder a estas preguntas, las comunidades deberán trasladar a Sanidad las cifras correspondientes a sus distintos territorios. Pero el Ministerio, en lugar de ir marcando objetivos cumplidos como si se tratara de un examen, ha optado por una opción más subjetiva de otras que también estudió. Un documento oficial sobre los criterios de descalada explica que “la interpretación de estos indicadores no estará sujeta a umbrales sino que se hará un análisis conjunto teniendo en cuenta el contexto y todos los factores condicionantes que pueden influir sobre la epidemia”.

Además del “análisis conjunto” de los criterios, la evaluación podría abrirse a otros criterios, “indicadores adicionales a los incluidos en la tabla, como el indicador de vigilancia de la mortalidad diaria o aquellos derivados de bajas laborales”, se lee en el documento.

Sistema adaptativo

Se trata de un sistema por umbrales que serán evaluados de forma conjunta, distinto a otros sistemas más rígidos, “por cuotas” o “número estables” que, según las fuentes habría sido prácticamente imposible de cumplir para algunos territorios pequeños. Gobiernos autonómicos como Canarias están satisfechos con “un sistema adaptativo que tiene en cuenta las realidades de cada territorio”, aunque también abre la puerta a la subjetividad de hacer una evaluación conjunta de criterios en lugar de examinar uno por uno.

Quienes defienden la fórmula de Sanidad ponen como ejemplo lo que ocurre en dos de las cuatro islas que el 4 de mayo empezarán la transición directamente desde la segunda etapa -la Fase 1- en lugar de por la primera, como el resto -Fase 0-. El Hierro o Formentera no tienen ninguna cama UCI, de modo que tampoco podrían multiplicarlas por dos si así lo pide Sanidad ante un brote. Lo que sí tienen ambas es un helicóptero que en 20 minutos puede trasladar a un enfermo a otra isla que tenga este equipamiento.

A la inversa, Sanidad pedirá que los territorios tengan establecimientos para, en caso de rebrote del Covid-19, alojar a positivos asintomáticos. Canarias tiene 300.000 plazas hoteleras que, en un sistema por cotas numéricas, superaría con creces límites a los que otros territorios no podrían llegar.