Alonso Abad ingresó en prisión el 18 de agosto de 1996 y cumple una condena de 25 años por depósito de armas, tenencia de explosivos, pertenencia a banda armada y terrorismo. Cumplió las tres cuartas partes de la pena en mayo de 2015.

Los otros dos reclusos que se han beneficiado de esta medida son los etarras Javier Aguirre Ibañez y Yagoba Codo Callejo.Interior asegura que los presos han admitido la legalidad penitenciaria, han manifestado su rechazo a la violencia, han reconocido el daño causado y no tienen responsabilidad civil.

Según los datos de Interior, Javier Aguirre Ibañez ingresó en prisión el 19 de enero de 2016 y cumple una condena de seis años y seis meses por falsificación de documento público y colaboración con banda armada. Cumple las tres cuartas partes de condena en noviembre de 2020.

Desde Interior se destaca que "ha renunciado a la violencia, ha reconocido el daño causado y acepta la legalidad penitenciaria" y que, además, no tiene responsabilidad civil. La Junta de Tratamiento del Centro Penitenciario de Logroño propuso su progresión a tercer grado y el interno permanecerá en la sección abierta del centro.

Yagoba Codo Callejo ingresó en prisión el 30 de abril de 2001 y cumple una condena de 22 años y dos días por colaboración con banda armada y depósito de armas. Cumplió las tres cuartas partes de la condena en mayo de 2015 y, según Interior, "ha admitido la legalidad penitenciaria, rechaza la violencia y ha reconocido el daño causado". Tampoco se le exige responsabilidad civil por tenerla prescrita y quedará interno en la sección abierta de Logroño.

Instituciones Penitenciarias ha destacado que, a pesar de la crisis del coronavirus, las juntas de tratamiento han mantenido sus reuniones para cumplir con la legalidad penitenciaria "y no perjudicar el interés y los derechos de las personas privadas de libertad que afectan al cumplimiento de la condena".

Desde la llegada de Grande-Marlaska a Interior se han autorizado una treintena de acercamientos de presos de ETA a cárceles próximas al País Vasco.

QUEJAS DE LA AVT

Desde la AVT se ha cuestionado que Interior "simplemente pida asumir la legalidad penitenciaria" para la progresión de grado. "Queremos destacar que sigue sin exigirse a estos presos terroristas la condición de colaborar con la Justicia como requisito para obtener una progresión de grado", argumentan en un comunicado.

Según la asociación, con la política de Interior se está "beneficiando" a presos de ETA como Gorka Fraile, que ha obtenido la libertad condicional cuando desde colectivos de presos de ETA se reivindica que "esta vía legal la asumen como un medio de lucha" con el objetivo de "vaciar las cárceles sin que haya ningún tipo de arrepentimiento ni autocrítica".

La AVT defiende que la colaboración con la Justicia debe ser un requisito para demostrar "no sólo un sincero arrepentimiento, si no también para poder valorar un verdadero pronóstico favorable de reinserción de los presos".