Una juez da ahora la razón al Ayuntamiento sobre las obras de reforma de la M-30

  • Una jueza da la razón al Ayuntamiento en la impugnación a las obras que presentó el PSOE.
  • Este recurso no tiene nada que ver con el de Ecologistas en Acción, y que consiguió la suspensión del proyecto.
  • "El concurso de aprobación de las obras de la M-30 se ajusta al derecho", según la jueza.

El Juzgado de lo Contencioso-Administrativo número 18 de Madrid ha determinado que la adjudicación aprobada en 2005 por el Ayuntamiento dirigido por Alberto Ruiz-Gallardón del concurso para la gestión del servicio público de reforma, conservación y explotación de la M-30 mediante sociedad de economía mixta "se ajustó a derecho", desestimando un recurso interpuesto por el PSOE contra esta resolución municipal.

Después del revés sufrido por Gallardón con la anulación de las obras de remodelación de la M-30 por no haberse realizado la declaración de impacto ambiental, la Justicia da ahora la razón al Ayuntamiento de Madrid en el pleito iniciado por los socialistas en diciembre de 2005 tras impugnar la adjudicación del concurso para la explotación de la reforma de la M-30.

El recurso presentado en diciembre de 2005 por el Grupo Municipal Socialista impugnó el acuerdo por el que el Consistorio licitaba el concurso para la gestión de la remodelación de la carretera de circunvalación. El Área de Gobierno de Urbanismo, Vivienda e Infraestructuras adoptó esta resolución en julio de 2005 y supuso la adjudicación a la Agrupación de Empresas formada por Ferrovial Servicios, Dragados y API Conservación, del contrato para la gestión de la remodelación y posterior conservación y explotación de la vía urbana M-30 por un período de 35 años.

En su recurso, los socialistas fundamentaron la impugnación en la falta de competencia del Pleno del Ayuntamiento para llevar a cabo la aprobación de la adjudicación del proyecto de reforma. Además, argumentaron que la resolución municipal infringía la legislación de Régimen Local, la Ley de Estabilidad Presupuestaria y los principios de publicidad y concurrencia en la contratación pública. También alegaron la existencia de un daño para las arcas municipales.

En su sentencia, la jueza Ana Monreal Díaz tumba los argumentos esgrimidos por el Grupo Municipal Socialista y concluye que la adjudicación del concurso se ajustó a derecho. La magistrada recuerda que los socialistas participaron "en todos y cada uno" de los acuerdos por los que finalmente se adjudicó el concurso, como el que marcó la propia naturaleza del contrato y el que fijó la prestación del servicio público de reforma, entre otros.

Según el fallo, el recurrente "pudo recurrir todos y cada uno de estos acuerdos en los que participó, independientemente de su desacuerdo y votación en contra". "Conoció de los mismos, y en los adoptados en el Pleno, participó en su discusión y elaboración, y decidió en la resolución de adjudicación del contrato", agrega la jueza.

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