Blanco se ha expresado así en su comparecencia ante la Comisión de Familia e Igualdad de Oportunidades en las Cortes de Castilla y León, donde ha explicado las actuaciones de su departamento frente a la pandemia de coronavirus.

La consejera ha pedido disculpas en varias ocasiones por si se ha actuado mal en alguna ocasión, a pesar de que se ha hecho todo lo que se ha podido y sabido, y por si los datos aportados diariamente han generado confusión, ya que la intención ha sido informar de la situación en cada momento, con información diaria difícil de comparar con otros datos.

Isabel Blanco ha señaldo que de casi 48.000 personas que el 14 de marzo vivían en 1.214 residencias han fallecido 2.269 -692 de ellos en hospitales-, un 4,76 por ciento, por coronavirus, y ha incidido en que se está hablando de personas, "con nombres y apellidos", y no números o tarjetas sanitarias.

La media de las personas que han fallecido es de 88,3 años y los grupos más vulnerables los grupos de edad de 85 a 89 y de 90 a 94 años y los más vulnerables han sido los que mayor grado de dependencia tenían, los de grado II y III, ya que de éste último representa el 35,6 por ciento de los residentes, el 50 por ciento de los cuales ha fallecido. Por su parte, del 22,9 por ciento que suponen los dependientes de grado II entre los residentes los fallecimientos representan el 19,4 por ciento, mientras que el grado I es un 18,3 por ciento de residentes y los fallecimientos alcanzan a este grupo en un 13,5 por ciento.

Cuando el virus ha entrado en una residencia, ha señalado la consejera, la mortalidad ha sido de entre el 25 y el 30 por ciento, algo que cree que es "muy duro" decir y contarlo, pero también asegura que han hecho todo lo que "humanamente" han podido o sabido con este tema.

Castilla y León es comunidad después de Cataluña y Madrid que más residentes tiene, 47.617, y la mortalidad de personas con coronavirus con relación a residentes en Castilla y León es del 2,51 por ciento, mientras que en Castilla-La Mancha ha sido del 3,36, el 1,44 en Cataluña o el 2,68 en Extremadura y el 3,06 en Navarra.

TRANSPARENCIA EN LOS DATOS

La consejera, que ha detallado todas las instrucciones, órdenes y regulación que se ha ido imponiendo a lo largo de este tiempo, a un ritmo vertiginoso y muy cambiante, que se han comunicado diariamente desde las residencias a la Consejería a través de la aplicación que se utiliza para la gestión de la dependencia, en la que un persona era responsable de su veracidad.

A este respecto, ha insistido en que no se ha querido engañar a nadie y ha entendido la situación de las familias, con las que siempre se ha insistido que había que mantener contacto, para lo que se han entregado 250 móviles y tablets donados. También ha pedidos disculpas si en algún momento la comunicación no ha sido fluida, como les gustaría porque, aunque han intentado que todas las residencias cumplieran estas recomendaciones, en algún caso saben que "no ha sido así".

La titular de Familia e Igualdad de Oportunidades, cuya intervención se ha prolongado unas dos horas y media, ha detallado cronológicamente la diferentes medidas adoptadas, las primeras de las cuales se realizaron el 28 de febrero con el envío a todos los centros residenciales de las recomendaciones de seguridad e higiene existentes en ese momento, mientras que el 11 de marzo ya se restringió las visitas a los centros durante una hora como máximo al día y un familiar por residente, preferiblemente en la habitación, hasta que finalmente el día 14 de marzo se eliminaron, a pesar de que el decreto por el que se establecía el estado de alarma no se hacía referencia alguna a las residencias.

Blanco ha explicado que desde el inicio de la pandemia se ha establecido un plan de actuaciones, que se ha ido actualizando, se ha realizado un seguimiento diario de los centros residenciales de la Comunidad, con la monitorización y el seguimiento diario de 1.214 centros de personas mayores (públicos y privados), de discapacidad y viviendas tuteladas, clasificándolas en cinco grupos en función del grado de afectación teniendo en cuenta el tamaño, el personal del que disponían o el número de casos que había en el centro.

Así, en la actualidad hay 832 centros limpios (los que se engloban en el grado 1), 98 centros con niveles muy bajos de afectación (menos del 10 por ciento, que se engloban en el grupo 2); 67 centros con entre el 10 y el 30 por ciento de usuarios confirmados o con síntomas (grupo 3); 102 centros con un 30-60 por ciento de usuarios confirmados o con síntomas (grado 4); y 41 centros con más del 60 por ciento de usuarios confirmados o con síntomas.

Blanco, quien ha asegurado que la incidencia ha sido similar en centros privados y públicos, ha señalado que todos los datos se han comunicado a la Fiscalía, al igual que las seis intervenciones que se han llevado a cabo en centros que estaban "colapsados", aunque cuando se publicó la normativa que lo permitía se generó gran "alarma" y hubo peticiones de centros que ya solicitaban esta medida "por si acaso".

También la información se remitía a las comisiones provinciales y a la Delegación del Gobierno, todo ello con el fin de coordinar labores como las de desinfección que han llevado a cabo la UME, los bomberos u otros efectivos.

MEDIDAS Y EPI

Isabel Blanco ha asegurado que se han establecido medidas generales para las residencias de carácter social, en coordinación con sanidad, y ha afirmado que desde el primer día que se tuvo equipos se han suministrado -entre ellos más de 2,5 millones de mascarillas- "y no se tuvieron desde el primer día", ya que los equipos de protección individual (EPI) para los trabajadores empezaron a llegar a partir del 21 o el 22 de marzo, y antes sólo estaban los que había en los centros.

La consejera ha concretado que para suplir el déficit de profesionales se han realizado 667 contrataciones nuevas como refuerzo de plantillas, 139 empleados públicos asignados de otras Consejerías, 53 empleados adscritos temporalmente de personal de servicios generales y se han realizado nueve contratos de alumnos del último curso de Enfermería. Asimismo, 413 personas se han ofrecido voluntarias para trabajar.

Por otra parte, ha detallado que desde el día 10 de abril se realizan test a los residentes y trabajadores de las residencias y hasta el lunes 27 de abril se habían realizado a 30.349 residentes y 17.548 trabajadores.

Por lo que se refiere a las residencias de personas con discapacidad, ha destacado que también han estado "monitorizadas permanentemente" y se ha mantenido contacto con ellas y con las asociaciones que representan a estas personas, pero ha habido "cierta estabilidad" salvo situaciones "muy concretas o muy puntuales". Así, ha apuntado que se han realizado 1.350 test a usuarios, de los que 170 han dado positivo, y 1.100 a trabajadores, de los que 37 han resultado positivos, aunque se siguen realizando pruebas.