A través de una resolución fechada el pasado 17 de febrero y recogida por Europa Press, el departamento de Jesús Maeztu aborda una queja promovida con relación al conflicto de la urbanización Sport Aljarafe, construida hace décadas sobre una ladera de Tomares y donde en abril de 2016, un total de once viviendas fueron desalojadas como consecuencia de las deficiencias arquitectónicas detectadas en ellas. Dichos problemas arquitectónicos derivaban, precisamente, de los corrimientos de tierra detectados en la ladera donde se asienta la urbanización.

Las medidas propuestas para corregir la situación de la ladera supondrían un coste estimado de unos 5,7 millones de euros, toda vez que a finales de 2017, el Ayuntamiento de Tomares anunciaba que sus presupuestos de 2018 contarían con aproximadamente 400.000 euros para "cofinanciar" junto a otras administraciones la primera fase de los costosos trabajos de estabilización del escarpe.

Del mismo modo, el Gobierno local del PP insistía tiempo atrás en que la mejor solución al conflicto sería acordar la expropiación de las casas, para que el problema quede exclusivamente en manos del Ayuntamiento, aunque los afectados desecharon dicha opción bajo la premisa de que "con las cantidades ofrecidas" para la expropiación de las viviendas desalojadas, muchos de ellos no podrían ni amortizar sus hipotecas, con lo que sufrirían el riesgo de quedar "sin casa y con la deuda".

LAS SUBVENCIONES DE 2016

A colación, el colectivo de personas desalojadas ha venido avisando de que en muchos casos afrontan tanto las hipotecas concertadas en su día para comprar las viviendas actualmente desalojadas, como los alquileres de sus hogares alternativos. Todo ello, según lamentan, sin que se hayan restituido las ayudas municipales inicialmente libradas en 2016 para este colectivo, aspecto en el que pesan desavenencias entre estas personas y el Ayuntamiento en cuanto al carácter de las nuevas subvenciones estudiadas en su momento.

En ese contexto, la Oficina del Defensor del Pueblo Andaluz rememora que el 31 de octubre de 2018 pidió al Ayuntamiento de Tomares que informase de "la decisión final que adopte sobre la concesión de tales ayudas, partiendo de que, al parecer, la Diputación avaló su concesión y que en el mismo tenor se ha pronunciado un informe externo de asesoramiento encargado por ese Ayuntamiento".

Igualmente, en dicha petición de informe se solicitaba un "pronunciamiento" respecto "al escrito que se presentó por parte de la comunidad (de propietarios), en el que se instaba a una bonificación de hasta el 90 por ciento en la cuota del impuesto de bienes inmuebles (IBI)", dada la "devaluación" de estas viviendas.

SIN "RESPUESTA"

Dado que tal petición de informe "no obtuvo respuesta", el departamento de Maeztu reiteró su solicitud al Ayuntamiento de Tomares el 15 de enero y 25 de febrero de 2019 y cursó una consulta telefónica el 3 de julio de dicho año, sin obtener la información reclamada, según esta resolución.

Por eso, la institución señala en su resolución el "silencio" y la "ausencia de respuesta" del Ayuntamiento de Tomares respecto a su "decisión final sobre el otorgamiento de posibles ayudas a los propietarios afectados y de las solicitudes de bonificaciones en el IBI".

Así las cosas, el departamento de Jesús Maeztu ha recomendado al Ayuntamiento de Tomares que "emita un pronunciamiento en el sentido que proceda acerca de las solicitudes de ayudas y bonificaciones del IBI formuladas por los propietarios, indicando en caso de quedar descartada su concesión las alternativas de solución que se hayan podido impulsar en torno a este asunto", dada la "falta de respuesta" a tales peticiones.