El decreto ley entrará en vigor a los 10 días de su publicación en el DOE y deberá ser convalidado en la Asamblea de Extremadura en el plazo máximo de un mes, según ha explicado en rueda de prensa telemática este viernes en Mérida la consejera de Educación y Empleo, Esther Gutiérrez.

Así, con el decreto ley la Junta de Extremadura pretende adaptar sus políticas de empleo para "impulsar la recuperación del tejido productivo y el mantenimiento del empleo en la región" tras la crisis derivada por el Covid-19.

Las medidas prestan especial atención a trabajadores, autónomos y micropymes de los sectores más afectados por las medidas de contención como la actividad comercial, equipamientos culturales, establecimientos y actividades recreativas, actividades de hostelería y restauración, además de otras adicionales.

Se trata así de medidas que "se complementan perfectamente" con la aprobadas hasta el momento por el Gobierno central, y además amplían los beneficiarios con el fin de que "esa recuperación sea más rápida"; e igualmente están pensadas para que "nadie se quede atrás", al prestar "especial atención" a trabajadores, autónomos y micropymes.

Gutiérrez ha añadido que para la articulación de estas medidas han sido "reorientados" los presupuestos autonómicos porque "la situación obliga", de tal forma que se incluyen para la puesta en marcha de las mismas fondos de "todo tipo", en concreto, del Fondo Social Europeo, transferencias del estado, y fondos propios de la comunidad autónoma.

En esta línea, ha añadido que se contempla también la posibilidad de que se puedan ampliar cada una de las líneas aprobadas, y que puedan tener "un mayor alcance en el caso de que lleguen más fondos del Gobierno central o más fondos europeos".

Por otra parte, la consejera de Educación y Empleo ha incidido también en que la tramitación de las medidas mediante la modalidad del decreto ley permite a la Administración regional una tramitación "ágil" y "también garantista".

MEDIDAS EN EMPLEO

En concreto, en el ámbito de la Consejería de Educación y Empleo, el decreto ley contempla seis programas de subvenciones por importe global de 58 millones de euros y una previsión de más de 65.000 beneficiarios.

El programa I prevé ayudas para el mantenimiento del autoempleo en riesgo por el cese de actividad o por disminución significativa de ingresos derivada del estado de alarma o sus prórrogas (de 800 o de 300 euros por solicitante, en función de si ha habido o no cese de actividad); y se van a beneficiar 20.200 personas (de la ayuda de 800 euros) y 20.000 personas (de la ayuda de 300 euros), ha indicado Gutiérrez.

A su vez, el programa II tiene como finalidad la reactivación y el mantenimiento del empleo de las personas trabajadoras asalariadas a cargo de personas trabajadoras autónomas o de microempresas, incluidas en expedientes de regulación temporal de empleo, que recibirán 950 euros. Alcanzará a algo más de 11.300 beneficiarios, ha explicado la consejera.

Mientras, el tercer programa está dirigido al relanzamiento del autoempleo de personas que han causado baja -por causas de fuerza mayor derivadas del estado de alarma- en el régimen de autónomos para el inicio de nuevas actividades (7.500 euros), y del mismo se beneficiarán 660 personas.

A su vez, el programa 4 incluye ayudas urgentes destinadas a micropymes y personas trabajadoras autónomas para la contratación temporal de personas trabajadoras inscritas como demandantes de empleo (1.254 euros al mes durante 6 meses). En este caso, los beneficiarios serán 1.860 personas contratadas; y existe "la obligación de permanecer tres meses más la contratación de estos trabajadores", según ha indicado Esther Gutiérrez.

Además, el quinto programa está destinado al mantenimiento de la plantilla de personas trabajadoras con discapacidad en los centros especiales de empleo tras la finalización del estado de alarma (300 euros al mes por trabajador durante 6 meses), ha explicado la consejera, que ha añadido que de esta medida se van a beneficiar 2.500 personas.

ERTE

Por su parte, el programa VI contempla ayudas para personas trabajadoras por cuenta ajena afectadas por expedientes de regulación de empleo temporales (ERTE) por motivo de la paralización de la actividad económica.

En esta medida, los beneficiarios serán personas que están recibiendo una prestación por parte del Gobierno central pero que no alcanzan con ella el Salario Mínimo Interprofesional (SMI); de tal forma que ahora la Junta de Extremadura "se compromete a cubrir la diferencia de esa prestación hasta el Salario Mínimo Interprofesional".

Al mismo tiempo, dentro de esta línea también se podrán beneficiar aquellos trabajadores que sin estar en situación de ERTE desde el inicio del estado de alarma han visto reducida su jornada laboral y no llegan al Salario Mínimo Interprofesional.

En total, de estas medidas del programa VI la Junta de Extremadura estima que se podrán beneficiar unas 8.500 personas "en principio", ha afirmado Esther Gutiérrez.