El Ministerio de Política Territorial y Función Pública ha redactado una instrucción para la vuelta presencial al trabajo de los 1.227 empleados y empleadas públicos en la Administración General del Estado (AGE) que hay en La Rioja, "que no ofrece garantías sanitarias suficientes ni criterios precisos de organización ante la desescalada. Esta instrucción va dirigida a todos los departamentos ministeriales y organismos públicos de la AGE".

La Central Sindical Independiente y de Funcionarios (CSIF) exige "la realización obligatoria de la prueba diagnóstica PCR para garantizar que no se producen contagios y preservar así la salud de la ciudadanía que acude a las oficinas de la AGE y la de los/as empleados públicos".

La AGE cuenta con muchas dependencias administrativas en La Rioja, como la Delegación del Gobierno, Seguridad Social, Demarcación de carreteras, Tráfico, Hacienda, Oficinas del carné de identidad, Defensa, etc. En las que trabajan 1.227 empleados públicos de administración general.

CSIF considera que "se debe hacer test a todo el personal, incluido los asintomáticos, a los que han estado trabajando como servicio esencial y aquellos que han estado en aislamiento por contagio o sospecha".

Además, en los puestos de atención al público solo se recomienda disponer de barreras físicas para evitar el contacto; no se garantiza la dotación de guantes y mascarilla ni para el trabajador ni para el público; no se garantiza la cita previa.

CSIF considera "imprescindible la instalación de mamparas, la limitación de consultas a las acordadas con cita previa y la obligación de proporcionar guantes, mascarillas e hidrogel al público a la entrada de los organismos así como de los EPIs para el personal que les atiende para evitar el riesgo de contagio en ambos sentidos".

"Si con ello no fuese suficiente, en el documento no se garantiza la implementación de las medidas preventivas, puesto que será cada uno de los departamentos y sus organismos dependientes, dentro de su ámbito organizativo, los que deben adoptar o actualizar sus medidas y actuaciones preventivas", explican desde el sindicato.

CSIF exigía evitar la discrecionalidad en la implementación de las medidas mínimas exigibles para garantizar la protección de la seguridad garantizando estas en el documento.

En definitiva, CSIF considera que la instrucción:

No reúne las condiciones imprescindibles de seguridad para abordar con garantías la reincorporación del conjunto de los/as empleados públicos.

No garantiza el derecho de los trabajadores a una protección eficaz en materia de seguridad y salud en el trabajo, conforme establece el Art. 14 de la Ley de Prevención de Riesgos Laborales.

No garantiza la seguridad a los ciudadanos en sus relaciones presenciales con la Administración.

Las administraciones públicas deben ser un ejemplo y garantizar por todos los medios la seguridad de la ciudadanía y de sus plantillas.

CSIF, como agente activo de la sociedad civil y organización más representativa en nuestras administraciones, "seguirá trabajando y ofrece su mano tendida al Ministerio para que la reincorporación presencial del conjunto de empleados públicos se haga conlas máximas garantías".