La subespecie de la Península y Baleares está en el Catálogo Español de Especies amenazadas dentro de la categoría de vulnerable y la subespecie canaria en la de en peligro de extinción.

El alimoche, por detrás del quebrantahuesos es el buitre menos abundante en España, ya que tiene una población "bastante inferior" a la del buitre negro y "muchísimo menor" que la del buitre leonado. Es, sin embargo, según la ONG, una de las especies mejor censadas a nivel estatal desde la década de 1990.

El VI Censo Nacional de alimoche, coordinado por SEO/BirLife en 2018 confirma que España es uno de os "principales reductos" del alimoche en toda Europa, ya que de las 3.195-4.832 parejas que habitan en los países europeos, entre el 32 y el 47 por ciento habita en España, según el coordinación de ciencia ciudadana de SEO/BirdLife, Juan Carlos del Moral que subraya, por tanto la gran responsabilidad de país en su conservación.

En concreto, ha señalado que el censo establece una población de 1.490-1.567 parejas y se trata de la mayor población detectada en los distintos censos nacionales hasta ahora, aunque el incremento respecto al realizado en el año 2000 es mínimo.

El trabajo fue realizado en la mayoría de los casos por las comunidades autónomas, aunque también se contó con una participación importante de voluntarios. El censo no fue completo en la misma temporada de 2018 y se incluyeron datos de otras: La Rioja (2014), Álava (2016) y Extremadura (2017). Por otro lado, en el censo de Aragón, aunque sí fue realizado en 2018, la cobertura no fue completa en todo su territorio.

Igual que en censos anteriores, la mayor población de alimoche común se encuentra en Castilla y León, aunque su importancia relativa respecto al resto de autonomías desciende ligeramente (25,7% en 2009 y 22,89% actualmente).

La segunda autonomía en importancia numérica para la especie es Aragón, también con un alto porcentaje (15,91%) y la tercera es Castilla-La Mancha (13,76%).

Las tres comunidades autónomas superan las 200 parejas cada una y juntas acumulan algo más del 50 por ciento de la población estatal. Extremadura y Navarra tienen poblaciones que superan el centenar de parejas (164 y 129 parejas respectivamente).

Mientras, en el resto de comunidades autónomas no se superan las cien parejas, pero destaca la población de Canarias que tiene 74 en tan solo sus tres islas más orientales (Fuerteventura, Lanzarote y Alegranza), donde en la última década han aumentado en 32 parejas.

PARQUES EÓLICOS Y VENENO, PRINCIPALES AMENAZAS

Entre las principales amenazas para la especie están el uso de cebos envenenados en el medio natural y las colisiones con líneas eléctricas y aerogeneradores.

"De momento no hay casos registrados de mortalidad de alimoches en España por causa del uso del diclofenaco en el ganado, pero no se debe bajar la guardia en este asunto, pues ha generado la muerte de miles de buitres en otros países", recuerda del Moral.

El censo apunta también un freno a la disminución que sufrió la especie a finales del siglo pasado y principios del XXI, pero hay tendencias muy diferentes, según las áreas, y, por ejemplo, en Andalucía, la población 'extraordinaria' de alimoches "no hace más que disminuir de forma muy preocupante", fruto del veneno y de los impactos de grandes infraestructuras como los parques eólicos.

Además de "viejos problemas" como la persecución y el veneno, el experto de SEO/BirdLife destaca también la necesidad de acometer políticas de conservación ante escenarios como el abandono del campo y la disminución extensiva del ganado ovino.

"No se debe olvidar que es urgente atajar los impactos de las infraestructuras como los parques eólicos y los tendidos donde colisionan y se electrocutan los alimoches", insiste la ONG que también estima necesario investigar el papel de nuevas prácticas ganaderas en cuanto a las regulaciones sanitarias, así como los vertederos donde las aves carroñeras acuden ante la falta de "verdadera" comida en el campo y la posible influencia en las poblaciones.

Por último, la ONG insiste también en la importancia de que las administraciones autonómicas desarrollen los planes de conservación o recuperación para garantizar que se ponen en marcha las medidas de gestión adecuadas en sus respectivos territorios para salvaguardar a esta especie.