Julio Calvo ha justificado la presentación de esta pregunta en la próxima comisión telemática de Servicios Públicos y Movilidad al argumentar que mantener dicha cláusula en las actuales condiciones resulta "extraordinariamente lesiva para los intereses del Ayuntamiento y de la ciudad".

En la pregunta que formulará, Julio Calvo ha expuesto que excepto los años 2012 y 2013, el resto de los ejercicios el Ayuntamiento haya debido realizar desembolsos "crecientes" a favor de la SEM por que la demanda del tranvía se ha estancado mientras que las previsiones de uso eran progresivamente crecientes.

En concreto, el Ayuntamiento ha tenido que abonar en 2015 la cantidad de 122.830 euros; en el 2016 la cuantía fue de 315.000 euros; 430.186 euros en el 2017; y en 2018 la factura ha sido de 707.374 euros. Para Vox es "significativo" que, en una situación de normalidad, en el año 2019 bajó el uso de este transporte a 570.000 viajeros semanales, con respecto a los 600.000 del año anterior.

Sin embargo, como consecuencia del confinamiento decretado, los usos han caído "dramáticamente" en 28.000 semanales, y, presumiblemente, posteriormente con el "recelo" de la población hacia las situaciones de agrupamiento de personas, se pueden mantener muy bajos durante mucho tiempo. "Ello obligará a niveles de desembolso de dinero absolutamente imprevistos y desproporcionados, debidos a causas no imputables al Ayuntamiento", ha apostillado.

OMIC

Por otro lado, Julio Calvo tiene interés en conocer si el Gobierno de coalición PP-Ciudadanos va a estudiar que el personal de la Junta Arbitral de Consumo preste sus servicios, a la mayor brevedad posible, en la OMIC, reforzando de este modo la plantilla con el consiguiente ahorro para las arcas municipales.

Al respecto, ha recordado que la Junta Arbitral de Consumo se ha eliminado del presupuesto de 2020 por no estar recogida en la Ley de Capitalidad como competencia propia, mientras que el Ayuntamiento está pagando el servicio que prestan los Puntos de Información al Consumidor (PICs) atendidos o gestionados por asociaciones de consumidores.

Por otro lado, la Oficina Municipal de Información al Consumidor (OMIC) cuenta con solo tres funcionarios cuando ha llegado a tener hasta diez personas por lo que para Vox es "incomprensible que se esté pagando la gestión de los PIC en vez de reforzar el servicio de la con los propios funcionarios".

Asimismo, ha esgrimido que la crisis económica originada por la pandemia de la COVID-19 "obliga" a plantear medidas de ahorro e incremento de eficiencia de la gestión, por lo que "sería lógico" que al suprimirse la Junta Arbitral este personal reforzara la OMIC sin coste alguno -1 técnico medio de consumo y un administrativo, ambos funcionarios de carrera-, ha apostillado Vox.