Así lo han asegurado este viernes, 17 de abril, en el encuentro de ADEA CONECTA que ha abordado las 'Medidas económicas, fiscales y laborales adoptadas por la crisis sanitaria producida por la COVID-19. Problemas derivados de su aplicación y posibles soluciones'.

La actividad virtual de la Asociación de Directivos y Ejecutivos de Aragón (ADEA) se puso en marcha ante el estado de alarma para frenar el coronavirus, con el objetivo de seguir ofreciendo a sus socios el espacio de foro y debate que hasta ahora ha tenido lugar de forma presencial.

Mestre y López han apelado a la "cohesión social", a la importancia que tiene que "exista buena voluntad" y han citado como ejemplo el caso de negocios que funcionan con cuotas como gimnasios, academias o escuelas infantiles.

"La normativa prevé que no se puedan exigir las cuotas porque hay un cese de la prestación del servicio, pero todos tenemos que contribuir, dentro de nuestras posibilidades, a que las empresas continúen ya que los vamos a necesitar porque si, por ejemplo, las guarderías se encarecen o incluso algunas de ellas desaparecen, cómo podremos conciliar cuando volvamos a la actividad", se han preguntado.

Mestre ha afirmado que la legislación que se está aprobando en España para actuar contra los efectos económicos de la crisis sanitaria de la COVID-19 es "caótica" y "está generando una enorme inseguridad". "Se están adoptando constantes medidas pero son insuficientes y en la mayoría de los casos, no son adecuadas", ha aseverado.

Además, ha indicado que "para el acceso a muchas de las medidas, se está exigiendo el cumplimiento de una serie de requisitos que son muy difíciles de acreditar en este contexto".

"Está claro que es una situación novedosa para todos, no obstante, el Gobierno debería de escuchar a los expertos en cada materia, tal y como se está haciendo en otros países, e implementar las medidas más convenientes pensando en lo mejor para los ciudadanos y las empresas", ha considerado.

DISPARIDAD ADMINISTRATIVA

La especialista en Derecho Fiscal ha detallado las cuestiones adoptadas por el Gobierno con motivo del coronavirus y se ha referido a ampliaciones en los plazos, flexibilización de las condiciones de los aplazamientos o modificaciones de los vencimientos de impugnación.

Así, ha expuesto que "cada administración ha adoptado sus propias medidas a nivel estatal, autonómico y local", por lo que ha recomendado que "cada empresa tiene que ver qué aplicación puede tener en su caso".

También ha mostrado su inquietud ante la situación de "las empresas cuyo volumen de operaciones en el ejercicio 2019 excedió los 600.000 euros" y ante la financiación del ICO, "que exige requisitos y no ha agilizado su tramitación". "Hay que dotar de medios porque se paraliza la financiación y se detiene el círculo económico", ha advertido.

Silvia Mestre ha afirmado que "hay que entender que el grueso de la población tiene buena voluntad y así deben entenderlo desde la Administración, porque cuando se piden estas ayudas es porque se tiene una necesidad" y ha considerado que "hay muchísimos trabajadores de la Administración que ya tienen ese talante". "Tenemos que remar todos en la misma dirección", ha insistido.

MEDIDAS LABORALES

Por su parte, la experta en Derecho Laboral, Margarita López, ha asegurado que "ante una situación inédita a nivel global" como la actual "no existen soluciones magistrales". "Las medidas laborales adoptadas tienen dos finalidades esenciales: evitar la destrucción masiva de empleo a corto y medio plazo y articular procesos para impedir que la carga económica de este mantenimiento recaiga de forma exclusiva en las empresas", ha detallado.

Sin embargo, a su juicio, sólo la perspectiva comparativa temporal "podrá llevar a la conclusión de si las medidas han sido suficientes y eficaces".

López ha apostado por poner todos los esfuerzos en el diálogo social entre empresas y sindicatos. "Entre ellos deben acordar, ya que son los que están en el día a día y saben cuáles son las necesidades y a partir de ahí, que se regule. Ahí es donde seguro que vamos a atinar", ha opinado.

Las ponentes han asegurado que, tras esta situación, la Administración estará "más renovada" y "más informatizada". "Los sistemas de la Agencia Tributaria no están preparados para que los funcionarios trabajen desde casa", han asegurado, al tiempo que han resaltado la labor de muchos funcionarios "que están atendiendo desde sus casas utilizando sus propios medios".

A la hora de elaborar normas, ambas expertas han recalcado la importancia que tiene que "la redacción sea clara, concisa y precisa". "Por supuesto, no se pueden abarcar todos los casos pero en ocasiones resulta complicado entender algunas normas".

Por último, el presidente de ADEA, Salvador Arenere, ha insistido en "la necesidad de modernización de la Administración" para responder a problemas como la actual crisis sanitaria.