La Fiscalía investiga a 38 residencias de mayores, la mitad de ellas en Madrid

Una cuidadora ayuda a comer a una anciana en una residencia de mayores en Madrid.
Una cuidadora ayuda a comer a una anciana en una residencia de mayores en Madrid.
Mariscal / EFE

La Fiscalía General del Estado ha informado este viernes de la existencia de un total de 38 diligencias de investigación penal abiertas respecto a la situación existente en residencias de ancianos a raíz de la pandemia por Covid-19, sin perjuicio de las investigaciones previas ya abiertas en diferentes juzgados de la geografía española. Cada diligencia corresponde a una residencia diferente y la mitad de ellas, un total de 19, corresponde a Madrid.

El ministerio público ha advertido, no obstante, de que estos datos oficiales no dibujan "una foto fija" respecto a las investigaciones a centros de mayores, un sector especialmente golpeado por el virus.

Por comunidades autónomas, a 15 de abril, la Fiscalía General ha "constatado abiertas" investigaciones a 19 residencias de Madrid; 7 de Cataluña; 5 de Castilla-La Mancha; 2 de Castilla y León y otras tantas de Murcia; y 1 de Canarias, de la Comunidad Valenciana y de Cantabria.

Sin embargo, el Ministerio Público admite que la cifra puede ser mayor porque estos datos provienen de las Fiscalías Provinciales, que remiten la información a las Superiores y éstas a la Fiscalía General, por lo que es posible que se hayan abierto nuevas diligencias y no se haya recibido dicha información.

Por ello, la Fiscalía se ha comprometido a actualizar los datos el próximo martes.

El ministerio público no ha precisado cuáles son los presuntos delitos por los que se investiga a dichos centros ni los nombres de los mismos. No obstante, fuentes fiscales consultadas por Europa Press han señalado que, en las citadas 38 diligencias penales se investigan conductas que pueden encajar en tipos penales como el de homicidio imprudente, abandono o maltrato.

Expedientes y denuncias

En el orden civil, las Fiscalías Superiores han abierto 124 expedientes, tanto a residencias como a usuarios en el ámbito de protección de sus derechos.

Por otra parte, el Defensor del Paciente ha presentado más de 200 denunciaspor fallecimientos de mayores en residencias en la que pide investigar si se ha podido cometer un delito de omisión del deber de auxilio, entre otras, han precisado fuentes de esta institución a la agencia Efe.

Dichas fuentes han explicado que se trata de personas que no han derivado a hospitales y a quienes no se les hizo prueba de Covid ni se le facilitó asistencia sanitaria, y tampoco se permitió a sus familiares que se los llevasen a casa. "Se les ha dejado morir" y "la responsabilidad es doble, de las empresas que las gestionan y de las comunidades autónomas", han aseverado las fuentes.

En la Comunidad de Madrid, que acumula el mayor número de residencias investigadas, fuentes fiscales han precisado que las diligencias suelen abrirse a raíz de denuncias de familiares de los ancianos residentes o de asociaciones como el Defensor del Pueblo.

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