La Asociación Española de Abogados Cristianos ha presentado una querella contra el ministro de interior, Fernando Grande-Marlaska, por el desalojo de varias ceremonias religiosas que se estaban celebrando durante el estado de alarma.

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En la querella, presentada ante la Sala Segunda del Tribunal Supremo, acusan al ministro de los delitos de prevaricación, contra los sentimientos religiosos, de prohibición de culto y de interrupción de culto. Además, consideran que estos delitos "cuentan con el agravante de discriminación", según ha acusado la presidenta de la asociación, Polonia Castellanos, en un comunicado. 

Asimismo, Castellanos acusa al Gobierno de aprovecharse del estado de alarma "para imponer una dictadura anticristiana" y pide que "este domingo no se vuelva a vulnerar el derecho a la libertad religiosa".

Varias ceremonias religiosas han tenido que ser desalojadas en distintos puntos del  país desde que se decretara la alarma  el 15 de marzo. La asociación ya había presentado denuncias por las interrupciones que tuvieron lugar en Cádiz, Sevilla, Valladolid y Murcia. La última sucedió este lunes, cuando la Policía Nacional desalojó la iglesia de los Santos Juan y Pablo, en la localidad madrileña de San Fernando de Henares, donde se estaba celebrando una misa con público en la que no se cumplían las medidas sanitarias.

En Semana Santa se produjo otro incidente cuando una veintena de personas que participaban en oficios religiosos el Viernes Santo, tuvieron que ser desalojados de uno en uno antes de que acabara la misa.  

Tras pedir a los juzgados autonómicos que investigaran el desalojo que aseguran "en este caso se cumplían (las medidas sanitarias), y con una limitación de aforo, con una veintena de personas en un espacio con capacidad para unas 900", la Asociación de Abogados Cristianos ha decidido querellarse contra el Titular de Interior, considerándole "responsable de las numerosas interrupciones".

Así, en el comunicado publicado este viernes por la asociación, Polonia Castellanos acusa al Gobierno de "utilizar la situación para imponer su agenda laicista" y aprovecharse del estado de alarma "para acabar con  la libertad religiosa".