Lo que el miércoles parecía un preacuerdo adoptado prácticamente por unanimidad sobre cómo finalizar el curso tras el cierre de las clases presenciales por el coronavirus, este jueves saltó por los aires de norte a sur del país. A las medidas que la ministra de Educación, Isabel Celaá, anunció tras la Conferencia Sectorial les llovieron las críticas y al menos cinco comunidades amenazan incluso con no ratificarlo.

Celaá apuesta por que el aprobado sea "la regla general" y la repetición, "la excepción" este curso

El primer Ejecutivo autonómico, y el más contundente, en mostrar su disconformidad con las conclusiones de la reunión entre Celaá y los consejeros fue el madrileño. Pese a que la ministra negó que vaya a haber un aprobado general, el titular del área, Enrique Ossorio, se opuso tras finalizar el encuentro a que se hable de que los alumnos pasarán de curso "como norma general", al considerar que se da "vía libre a que se titule con asignaturas suspensas".

Ossorio censuró que se deje al criterio de las comunidades con cuántos suspensos se pueden obtener títulos que tienen validez en todo el territorio nacional y rechazó igualmente que la tercera evaluación tenga "solo un valor de diagnóstico". A su juicio "debe tener carácter académico, aunque dicho proceso de evaluación tenga en cuenta la excepcional situación".

Madrid se niega así a firmar un acuerdo del que otras tres comunidades gobernadas por el Partido Popular también se desmarcan. Es el caso de Andalucía, Murcia y Castilla y León, que ahondan en la exigencia de que el ministerio legisle sobre los criterios de promoción y titulación y los unifique. De no hacerlo, no darán su conformidad al documento porque creen que se corre el riesgo de que se produzcan "desigualdades".

Todos los alumnos pasarán de curso y solo se evaluarán los dos primeros trimestres

"La Junta de Andalucía valora el trabajo realizado por el Ministerio de Educación y está conforme con el enfoque y estructura del texto del acuerdo de forma general, pero considera necesarios criterios y procedimientos comunes a todo el Estado", recoge el escrito que la Consejería de Educación y Deporte le ha enviado al departamento de Celaá para informar sobre su postura.

Para la consejera murciana, Esperanza Moreno, "no sería justo que la responsabilidad recayese solo en la tarea del profesor y la administración no lo respaldase". Moreno afirmó que los docentes exigen a la consejería que las reglas del juego "estén claras", y las familias quieren conocer cómo se va a llevar a cabo el fin de curso y cuáles son las condiciones para pasar de curso y titular. "Estas son las competencias que debe ejercer el ministerio y, por eso, le hemos instado a que legisle en esta materia", agregó.

Su homóloga en Castilla y León, Rosa Lucas, se mostró favorable a las propuestas que salieron de la Conferencia Sectorial en la rueda de prensa que dio tras la reunión. Este jueves se supo no obstante que su Gobierno se encuentra entre los que han mostrado discrepancias en su aplicación.

El Gobierno vasco también se desvincula pero lo hace por estar elaborando su propio plan. "En base a nuestras competencias", remarcó la titular de la Consejería de Educación, Cristina Uriarte. "Próximamente trasladaremos a la comunidad educativa nuestras decisiones", avanzó, y anunció que trabajan en "identificar los contenidos prioritarios, defender criterios y herramientas de evaluación, y analizar diferentes escenarios para retornar a clases presenciales".

El Gobierno ha reconocido que esas cinco comunidades no se adhieren al acuerdo de la Conferencia Sectorial de Educación pero ha querido hacer hincapié en que el resto sí "comparten que su filosofía es la adecuada para un momento excepcional". "Las comunidades que no se han adherido ahora pueden hacerlo más adelante si así lo consideran", ha recordado. Para las que lo hagan tendrá carácter vinculante y deberán aplicar sus criterios.

Dudas entre los sindicatos

Los sindicatos han acogido con críticas la solución acordada por la Conferencia Sectorial de Educación para finalizar el año académico, de la que valoran que concluya en junio, pero lamentan su falta de concreción, exigen que se refuerce el próximo curso y dudan sobre la pertinencia de abrir centros en julio.

El sindicato de docentes ANPE ha exigido que el ministerio establezca "instrucciones claras", mientras STES considera que las medidas sugeridas no responden a las necesidades del alumnado. Por su parte, CSIF ha solicitado empezar a planificar el próximo curso con un incremento de docentes y la reducción de las ratios de alumnos. Además, CC OO ha pedido una "agenda compartida, clara y contundente con las comunidades y los agentes sociales".