La magnitud de las cifras de fallecidos en residencias de mayores de la Comunidad de Madrid es abrumadora. Desde el 8 de marzo hasta este martes 14 de abril, 6.056 ancianos han muerto en los centros asistenciales de la región, de acuerdo con los datos facilitados este miércoles por el vicepresidente y portavoz del Gobierno madrileño, Ignacio Aguado.

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Del total de víctimas, solo 781 fueron casos positivos de Covid-19 mientras que 4.172 presentaban síntomas compatibles de la enfermedad. La muerte del resto, hasta 1.103 personas, se corresponde con otras causas. 

"Los datos son dramáticos, el virus no tiene cura y cuando entra en una residencia hace verdaderos estragos", ha aseverado el vicepresidente regional. "Llevamos trabajando antes que ninguna otra comunidad autónoma en intentar proteger al máximo a las personas que viven en nuestras residencias", ha agregado.

Los datos contrastan con los ofrecidos este martes por el consejero de Sanidad, Enrique Ruiz Escudero, en la Asamblea de Madrid. Durante su comparecencia, indicó que tenía constancia de 2.820 fallecidos en residencias durante la pandemia, pero ya advirtió que se trataba de datos desactualizados porque pertenecían al área técnica de Sanidad Mortuoria, que emplea algo más de tiempo en el procesamiento de las cifras que la Consejería de Políticas Sociales, de las que dependen las residencias de mayores y que es la fuente del número de decesos facilitados este miércoles por el vicepresidente Ignacio Aguado. 

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Los datos que posee la cartera que dirige Alberto Reyero apunta a que en lo que va de mes de abril, en el casi medio millar de residencias que hay en la Comunida de Madrid han fallecido 4.912 personas. Aún no se ha podido determinar con exactitud cuántas de estas muertes habría provocado el coronavirus, pero está claro que se trata de unas cifras de magnitud excepcional, porque de acuerdo con el vicepresidente del Ejecutivo, extrapolando las estadísticas de mortalidad del año pasado se observa que en el mismo periodo de 2019 murieron unos 500 mayores en estos centros.

Atención en residencias

La gestión de la crisis sanitaria en las residencias ha sido fruto de un desencuentro entre los socios políticos de la Comunidad de Madrid. "No entiendo que se hable de repliegue sanitario y no se utilice a esas personas en residencias. Soy partidario de la solidaridad entre territorios, pero que vaya el Samur a Castilla y León y no se utilicen esas personas en residencias... Hay un tema de competencias entre el Ayuntamiento y la Comunidad que tenemos que resolver", dijo este martes en una entrevista en la Cadena Ser el consejero Alberto Reyero (Cs). 

Este miércoles, Aguado le ha respaldado: "Hay que hacer caso a las personas que saben del tema, a las personas que están encima de los asuntos", ha aseverado en referencia a Reyero y su conocimiento sobre las residencias de mayores, área que pertenece a su departamento.

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"Me sorprendió esa declaración del consejero de Políticas Sociales porque denota un desconocimiento de lo que está pasando en las residencias", ha dicho por su parte el consejero de Sanidad (PP) en una entrevista en Telemadrid al respecto de la entrevista de Reyero en la Ser. 

No es esta la única diferencia de pareceres entre los socios de gobierno en la Comunidad. Este miércoles ha trascendido otra, en este caso por la relajación del confinamiento de los menores de edad. En cualquier caso, el vicepresidente y portavoz del Ejecutivo ha evitado la polémica y ha asegurado a los periodistas que la coalición de gobierno PP-Cs "trabaja unida" y comparten "rumbo".

Más de 6,6 millones para materiales de protección

Precisamente, el Consejo de Gobierno de la Comunidad de Madrid ha aprobado este miércoles un gasto de más de 6,6 millones de euros para la compra de equipos de protección individual y diversos materiales de protección para que sean repartidos entre los trabajadores de las residencias de la región y sus internos. 

Otro acuerdo al que han llegado los consejeros del PP y de Cs este miércoles ha sido la tramitación de emergencia de la contratación del servicio de entrega de comida a domicilio a personas mayores especialmente vulnerables, afectadas por la suspensión de la actividad en los centros de día. El gasto total aprobado alcanza los 27.848,81 euros.