El Juzgado de Instrucción número 6 de Almería ha imputado al vicepresidente de la Diputación Provincial, José Añez (PAL), y al portavoz de su grupo, Ángel Díaz, la comisión de un presunto delito de prevaricación y otro contra los derechos de los trabajadores en el despido y posterior trato dispensado entre los años 2005 y 2007 a nueve empleados adscritos al Plan de Formación del Empleo (PFEA).

El auto dictado por el magistrado Luis Durbán extrae de la práctica de las pruebas testifical y documental la conclusión "fáctica" de que ambos políticos decidieron la baja laboral de los ahora demandantes "por razones políticas" y como represalia ante lo que, a su juicio, "no era un comportamiento leal al nuevo equipo de gobierno", cambio que derivó de una escisión del PP, formación que presidía la Corporación provincial, que se constituyó como Partido de Almería (PAL).

Añade el juez que, una vez el Juzgado de lo Social de Almería ordenó la readmisión de los trabajadores, ésta se ejecutó en "precarias condiciones y sin ocupación efectiva" hasta el punto, según subraya, de que se les "exoneró durante 2007 de la obligación de prestar servicios aunque se les mantuvo, a instancias del mismo juzgado, sus retribuciones y sus cotizaciones a la Seguridad Social" hasta el 30 de junio.

José Añez y Ángel Díaz, quien durante los hechos ostentaban los cargos de presidente de la Diputación Provincial y diputado encargado del PFEA, respectivamente, causaron, tal y como recoge el auto, un coste adicional que hubo de soportar la Administración al decidir ambos ocupar las plazas dejadas por los despedidos con "nuevos ingresos" que, para el magistrado, "no se ajustaron además en su proceso de selección a la normativa aplicable".

El auto dictado el pasado día 10 da traslado de las actuaciones incoadas en noviembre de 2007 al Ministerio Fiscal y a las acusaciones particulares para que formulen escritos de solicitud de apertura de juicio oral o sobreseimento de las actuaciones por un presunto delito de prevaricación según el artículo 404 del Código Penal y otro contra los derechos de los trabajadores, artículo 311 del Código Penal.

Despedidos y readmitidos

Los hechos se remontan a mayo de 2005 cuando fueron cesados por finalización de contrato 34 trabajadores del antiguo Plan de Empleo Rural (PER), de los que, en julio del mismo año, fueron readmitidos 18 y contratado nuevo personal. De los 16 empleados despedidos, ocho de ellos habían causado derecho a merecer la consideración de fijos en base a los contratos suscritos y el tiempo que habían prestado sus servicios.

Los despedidos formularon denuncia ante los Juzgados de lo Social de Almería, que fallaron a su favor y pidieron su readmisión en la institución provincial, al entender que el despido se hizo por motivos políticos. La Diputación los readmitió en enero de 2006, aunque "de forma irregular" al no obtener "ocupación efectiva" en su puesto de trabajo, por lo que presentaron nuevas denuncias ante los mismos juzgados.

El 8 de julio de 2007 el entonces presidente, José Añez, despidió a los ocho trabajadores anteriores más otro contratado posteriormente --los nueve querellantes ante el Juzgado de Instrucción número 6--, a pesar de que el Tribunal Superior de Justicia de Andalucía (TSJA) y el Tribunal Supremo (TS) ratificaron las sentencias del Juzgado de lo Social de Almería que desestimaban los recursos de súplica interpuestos por la Diputación Provincial, gobernada por el PSOE en coalición con el PAL.

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