En nota de prensa, Mallada pide al jefe del Ejecutivo autonómico que "se rebele contra la medida aprobada por el Gobierno central que permite al Ministerio de Trabajo hacer uso durante este año de los fondos de Formación Profesional para el empleo gestionados por las Comunidades Autónomas para financiar prestaciones por subsidio de desempleo".

"Una medida, contemplada en la Disposición adicional séptima del Real Decreto Ley 11/2020, que arrebata a Asturias en torno a 35 millones de euros del fondo de formación para el empleo que pagan los trabajadores en sus cotizaciones", dice.

Según Mallada, "Sánchez recorta a Asturias 35 millones en fondos de formación, 35 millones menos este año para crear y mantener empleo justo cuando más lo necesitamos. Es una medida grave y lesiva para el interés de Asturias y, sobre todo, para los desempleados asturianos".

La portavoz parlamentaria del PP critica que el Ejecutivo central "haya decidido unilateralmente intervenir estos fondos, sin consultar nada al Principado de Asturias", y censura que, sin embargo, "aún no hemos oído a Barbón rechistar" al respecto de esta medida.

Así, Mallada anima al presidente del Principado "a seguir el ejemplo de otros presidentes autonómicos que sí han expresado su malestar y defienden que el Gobierno central puede buscar otras fórmulas de financiación para que estos fondos se queden en las Comunidades Autónomas".

Además, el Grupo Parlamentario Popular ha registrado en la Junta General del Principado de Asturias una Proposición No de Ley (PNL) para "defender el interés de Asturias" y que el Parlamento de Asturias "inste al Gobierno de Adrián Barbón a reclamar al Gobierno central la derogación de esta medida".

Mallada asegura que el Gobierno autonómico "está a tiempo de recurrir una medida que elimina la posibilidad de Asturias de cumplir con su compentencia de desarrollar políticas activas de empleo y, por tanto, limita el papel de la región para mantener y crear empleo".

"Es una pérdida especialmente importante en un momento tan delicado como el actual, en el que es más necesario que nunca mejorar la cualificación para tener posibilidad de acceder a un empleo", asegura Teresa Mallada.

Según el PP, "la medida supone una merma a los derechos de los trabajadores al no poder disponer de políticas activas de empleo a cargo del dinero recaudado por la cuota de formación que han pagado".

Por otra parte, consideran que "el hecho de destinar la cotización por formación al pago por desempleo supone duplicar la aportación de los trabajadores al mantenimiento de las cuotas por desempleo".

"La medida implica, asimismo, cambiar el destino finalista de la cotización por formación; algo que contraviene la ley, tal y como recuerdan tanto el Tribunal Constitucional como el Tribunal de Cuentas", concluye el Grupo Parlamentario Popular.