Así lo ha explicado este miércoles durante su comparecencia en la Comisión de Agricultura, Ganadería y Medio Ambiente que las Cortes de Aragón han celebrado de forma telemática. Después de que esta semana el Gobierno central aprobase un real decreto para flexibilizar la contratación en el campo de inmigrantes y desempleados de cara a la campaña de recogida de fruta, Olona ha asegurado que no va a ser él el que defienda que esta medida es suficiente.

No obstante, ha señalado que se están adoptando las decisiones que se pueden tomar en el marco de la crisis sanitaria, puesto que la prioridad es frenar los contagios por COVID-19. "Tenemos que empezar a asumir, por responsabilidad, que no va a ser una campaña normal".

De este modo, ha pedido al resto de grupos políticos que no generen "expectativas" que van a quedar "frustradas". "En estos momentos la prioridad es sanitaria y pensar en que ahora mismo se van a hacer corredores sanitarios para permitir el movimiento de miles de personas -la campaña de fruta en Aragón suele suponer la contratación de unos 20.000 temporeros- está fuera de toda posibilidad".

Sobre el tiempo que va a durar esta situación, para una campaña que empieza en abril y que registra su momento de mayor necesidad de personal en los meses de junio y julio, ha reconocido desconocerlo. Si bien ha precisado que el real decreto tiene una validez de hasta el 30 de junio pero es "flexible" en cuanto a plazo, fecha e incluso a que se puedan introducir "mejoras".

"Pero en estos momentos, en al situación sanitaria de crisis que estamos, es lo que se puede hacer". En este punto, ha asegurado estar de acuerdo en que se recurra y se limite la campaña al empleo de proximidad.

Olona no se ha mostrado partidario de hacer un llamamiento a que el sector agrario vaya a tener "una capacidad de absorber empleo infinita" porque habrá que ver el comportamiento de la demanda de la fruta. "Seamos prudentes", ha pedido.

Al respecto, ha evidenciado que el sector agroalimentario aragonés es de carácter "eminentemente exportador" y se enfrenta a una crisis económica mundial causada por la sanitaria. Por ello, ya ha trasladado al ministro de Agricultura, Luis Planas, la necesidad de adoptar "medidas de apoyo" con las que corresponder "de manera justa" al "esfuerzo" que están haciendo los trabajadores de la agroindustria y la distribución para garantizar la cadena alimenticia. Un empeño que debe concentrarse en los "agricultores profesionales y el modelo familiar que defiende Aragón.

PAGO DE LA PAC

En otro orden de cosas, el consejero de Agricultura ha trasladado un mensaje de tranquilidad a agricultores y ganaderos sobre el cumplimiento de los plazos de pago de la Política Agraria Común (PAC) de 2019. Se ha comprometido a realizar un "esfuerzo denodado" para adelantar en la medida de lo posible los pagos correspondientes a este año.

Ha informado de que, de los 64 millones de euros pendientes de pago, ya se han liberado cerca de 35 millones de euros, entre el 27 de marzo y el 3 de abril, y la cantidad restante será abonada a más tardar durante la primera semana del mes de mayo. Sobre las partidas correspondientes a 2020, se ha comprometido a que no habrá problemas para realizar los abonos "con total normalidad", dentro del plazo que establezca la Comisión Europea y el Ministerio de Agricultura.

Olona ha asegurado que la Consejería fijará un calendario de plazos de pago para "dar certidumbre" al sector. Ello, pese a reconocer la existencia de ciertas "limitaciones" con las entidades colaboradoras, una circunstancia que hará que "se flexibilicen" los procedimientos para que la PAC llegue "en tiempo y forma".

RESPUESTA DE LA UE

En su intervención, el consejero de Agricultura ha reclamado que la Unión Europea dé una respuesta "adecuada" a la grave crisis que ha generado la pandemia del coronavirus. "De momento lo que nos llega no es nada esperanzador porque va en la línea de flexibilizar lo que ya hay y eso se queda muy corto", ha lamentado, al tiempo que ha insistido en que "es el momento de Europa".

A su juicio, son necesarias medidas "de intervención y regulación de los mercados" entre las que ha aclarado no se encuentra la regulación de precios. "Si no lo hacen, las instituciones comunitarias deberán reflexionar sobre su papel".

Olona ha planteado también la "compleja situación" en la que se encuentra la empresa pública Sarga a raíz de la situación de confinamiento de la población, que, según ha explicado, ha supuesto la inmovilización de 700 de sus más de 1.100 trabajadores, que ahora no pueden trasladarse a los tajos en vehículos compartidos y no están realizando gran parte del trabajo que tienen asignado y por el que se factura.

"Tenemos que estudiar la adopción de una serie de medidas dirigidas a la protección de la empresa y la continuidad de los puestos de trabajo", ha advertido. Personal de Sarga sí participa en el operativo anticrisis colaborando con el Centro de Coordinación Operativa (CECOP) con más de 600 trabajadores forestales y 113 vehículos, una participación que ha considerado "debe seguir siendo eficaz de acuerdo a los medios con los que cuenta".

PAGOS DE LA PAC

La diputada socialista, Silvia Gimeno, ha centrado su intervención en la importancia de que "los pagos de la PAC se estén haciendo y se vayan a hacer en plazo", porque "no podemos fallar ni crear más incertidumbre".

El parlamentario del PP, Ramón Celma, ha insistido en la importancia de dar respuesta al problema de los temporeros, ya que "si la fruta no se recoge, habrá problemas de abastecimiento".

Desde Cs, Ramiro Domínguez, ha resaltado la problemática de los mercados ovino y caprino, a los que, tal y como ha expuesto, "se puede sumar el bovino" y "la necesidad de exportar nuestros productos". "El sector primario lleva años sufriendo y ahora nos damos cuenta de que, cuando los agricultores se quejaban, no se quejaban por gusto".

El diputado de Podemos-Equo, Nacho Escartín, ha apuntado que "el sector primario es esencial y disponer de alimentos es el mejor salvavidas", pero que es "necesario cambiar el sistema oligopólico" que lo domina, especialmente en relación con "la ganadería extensiva y el sector frutícola".

El parlamentario de CHA, Joaquín Palacín, ha advertido a Olona que "después de esta crisis va a haber un cambio de modelo de consumo y es necesario prepararse para tomar las mejores decisiones y reflexionar sobre este cambio".

Desde Vox, Santiago Morón ha puesto el foco sobre "el cierre de fronteras y las restricciones de movilidad" que han traído consigo la declaración del estado de alarma y que "ha impedido la llegada de miles de temporeros que van a ser muy necesarios en la recogida de fruta y verdura".

La diputada del PAR, Esther Peirat, ha explicado que, desde su grupo parlamentario, son "muy conscientes de que el sector agrícola debe ser un sector puntero en las labores de recuperación de un país", y ha mostrado su preocupación ante "la incertidumbre en el calendario de pagos de la PAC".

El parlamentario de IU, Álvaro Sanz ha hecho hincapié en que la agricultura es el "sostén económico de buena parte del territorio -aragonés-" y, en este sentido, ha demandado al consejero empezar a pensar en la modificación del modelo productivo.