Los detenidos, liberados por decisión de la Junta Militar que detenta el poder en Mauritania, fueron acusados de "atentar contra la seguridad del Estado" y de estar relacionados con el Grupo Salafista para la Predicación y el Combate (GSPC) argelino.

También se les acusaba de oponerse a una ley que convierte a las mezquitas en establecimientos públicos sometidos a la autoridad del Estado.

Los simpatizantes del movimiento islamista se dirigieron hoy a la prisión central de Nuakchot para recibir a los presos liberados.

Según fuentes judiciales, otros 30 presos islamistas, y otros 32 detenidos, acusados de perpetrar fracasados golpes de estado en 2003 y 2004, siguen en prisión.

Después del golpe de Estado, el miércoles pasado, centenares de simpatizantes de los islamistas encarcelados se concentraron frente a la prisión central de la capital mauritana para reclamar la liberación de los detenidos de esa tendencia.

El pasado jueves, varias personalidades islamistas saludaron, en un comunicado, el cambio de régimen y reafirmaron la necesidad de una concertación con el conjunto de los actores políticos para "pasar las páginas dolorosas del pasado" y organizar el regreso a la vida constitucional.

Aseguraron que bajo el régimen del derrocado Muauia Uld Sidi Ahmed Taya, los islamistas padecieron "opresión, persecución, propaganda, difamación y exclusión política".

El golpe de Estado se produjo cuando el presidente Uld Taya se encontraba en Riad para asistir a los funerales por el rey Fahd de Arabia Saudí. El coronel Ely Uld Mohamed Vall, director general de la Seguridad Nacional (policía) desde 1987, y que preside la Junta Militar, integrada por otros 16 mandos militares, recibió ayer sábado a líderes de los partidos políticos para mantener un primer contacto tras el golpe.

En una declaración, el pasado jueves, la Junta, denominada Consejo Militar para la Justicia y la Democracia (CMJD), anunciaba que asumía los poderes ejecutivo y legislativo y que garantizará el funcionamiento del Estado "durante el periodo transitorio ya fijado", que será de dos años.

Los militares golpistas anunciaron asimismo su intención de "reorganizar y completar" las disposiciones de la Constitución del 20 de julio de 1991 mediante una "Carta Constitucional".

Informaron de que se mantenían en vigor las disposiciones de la Constitución relativas al Islám y a las libertades individuales y colectivas.