El Tribunal Superior de Justicia de Cataluña (TSJC) ha ordenado al Departamento de Justicia que facilite a todos los centros penitenciarios catalanes con carácter "urgente e inmediato" el acceso "masivo" a los test rápidos de COVID-19 y proporcione material de protección para prevenir el contagio.

En un auto, la sala social del TSJC ha admitido las medidas cautelares que solicitó el sindicato CS Comisión Obrera Nacional de Cataluña (CS CONC-CCOO) y ha requerido a la consellería que se desinfecten diariamente todos los centros de trabajo, que entregue en las cárceles mascarillas, guantes, batas, manguitos protectores, pantallas faciales, gafas, geles antisépticos y termómetros sin contacto, que sustituya por nuevo el material caducado.

La resolución del alto tribunal catalán considera que los profesionales que prestan servicios en Instituciones Penitenciarias están en situación de "vulnerabilidad" frente a la infección de la pandemia porque "por su condición de servicios esenciales tienen el deber y la obligación de continuar prestándolos en su puesto de trabajo", que suele ser una "institución cerrada".

La sala insta así a la consellería a reponer el material y sustituir el caducado, después de que se repartiera a los funcionarios de las prisiones catalanas cerca de 50.000 mascarillas de protección respiratoria con el plazo vencido, pero cuyo uso -aseguró el Departamento- estaba avalado por los Ministerios de Sanidad y Trabajo.

El TSJC considera en cambio que la falta de reposición del material caducado, así como de equipos de protección, supone "la indiciaria infracción de un deber establecido normativamente" y constata la existencia de "un riesgo actual, real e inminente para la integridad física, que pudiera alcanzar a la vida" de los trabajadores de prisiones.

"Estamos pues ante la petición de un colectivo de trabajadores que prestan un servicio de los esenciales en esta situación de Estado de Alarma declarado, que han de prestar sus servicios en un entorno cerrado, calificados sus moradores como privados de libertad y los propios trabajadores, por las características propias del centro de trabajo, como especialmente vulnerables", subraya la resolución.

El alto tribunal catalán subraya además que la protección frente al COVID-19 en prisiones "cumple una necesidad bidireccional de protección personal de los trabajadores que redunda en la salud pública", dado que además de contener el contagio, también evita que los funcionarios sean "transmisores en el entorno en el que su actividad se desarrolla".

Por ello pide que se facilite "el acceso masivo a los test rápidos de diagnóstico del coronavirus" y a la "planificación de formación en el uso de los EPIs" y que se desinfecten diariamente los centros de trabajo, aplicando "procesos de descontaminación y eliminación de residuos del material utilizado".

En su auto, el tribunal esgrime argumentos similares a los sostenidos en resoluciones anteriores, en las que estimó las solicitudes del Sindicato de Médicos de Cataluña o los sindicatos de los Mossos d'Esquadra, para ordenar a la Generalitat que dote a estos colectivos de equipos de protección con el fin de evitar el contagio del coronavirus.

"Entendemos que debemos seguir en una línea de coherencia en los mismos términos en que últimamente nos hemos expresado, pues no es un hecho diferencial para ello que se trate de un colectivo distinto, cuando reconocemos en el mismo hallarnos ante prestadores de un servicio esencial, en este caso en el entorno y condiciones que hemos referido", justifica la sala.

En su demanda, la organización hizo constar que la Agrupación del Sector Penitenciario del Sindicato había solicitado por correo electrónico que se dotara al personal con equipos de protección personal y que se sustituyera y repusiera de forma inmediata el material utilizado, una petición que no habría obtenido respuesta