María Victoria, hija de una mujer residente en dicho centro de personas mayores donde según la FOAM la dirección del mismo estaría incurriendo en una "falta de información" sobre el impacto de la pandemia, ha explicado a Europa Press que desde que comenzó a regir el estado de alarma, está "intentando sacar" a su progenitora de tales instalaciones aunque no le está permitido por las severas restricciones del estado de alarma y por las obligadas medidas preventivas una vez que fueron detectados los primeros casos de contagio en este geriátrico.

"Ha resultado imposible todo lo que intentamos", la lamentado, precisando que su madre cuenta 84 años, reside en este centro para personas mayores desde hace sólo "tres meses" y no está vinculada por "ningún contrato".

Su reivindicación de "sacar" a su madre de tal centro, según ha dicho, parte de que la situación del mismo es "alarmante" y ella "se está deteriorando física y emocionalmente" e incluso "llama llorando" en demanda de salir de estas instalaciones donde según la Federación de Organizaciones Andaluzas de Mayores, el número de residentes contagidos rondaría los 40 o 50, entre ellos siete fallecidos.

Según María Victoria, tras haber reclamado tal extremo a la dirección del centro y a la Junta de Andalucía, desde la residencia esgrimen "toda una relación de normativa que impide" que la familia de esta mujer la saque de este centro para personas mayores. Otros familiares, según ha asegurado, demandan también sacar a sus mayores de estas instalaciones.

"Está presa, como en una cárcel", ha aseverado, exponiendo en paralelo que su madre tampoco había sido sometida aún a la prueba de coronavirus Covid-19 para comprobar si se ha contagiado o no, lo que le ha llevado a defender que si se confirmase que no está contagiada, le debería ser permitido abandonar el centro.

A tal efecto, ha avisado de que otras comunidades autónomas están promoviendo la posibilidad de sacar a estas personas de los geriátricos, como es el caso de Valencia, que hace pocos días anunciaba un protocolo de actuación que permitiría la baja voluntaria de personas mayores en situación de dependencia que deseen dejar los centros residenciales "siempre que se garantice su bienestar y seguridad".