Así lo han señalado fuentes municipales a Europa Press, en datos aportados el pasado 3 de abril, dos semanas después de que el Ayuntamiento aplicara las medidas especiales para los inquilinos de VIVA entre las que se incluía la suspensión del cobro del alquiler durante el tiempo que dure el estado de alarma a los inquilinos que, como consecuencia de la actual situación, hayan dejado de percibir ingresos.

Según los datos de VIVA, un total de doce usuarios del sistema han solicitado hasta la fecha la suspensión del pago. En concreto, cuatro de ellos corresponden al programa de Alquiler Valladolid (ALVA), seis son de promociones de Vivienda de Protección Oficial gestionadas por VIVA, uno de las denominadas viviendas 'blancas' y un inquilino de un local en un inmueble de VPO.

El concejal de Planificación Urbanística y Vivienda, Manuel Saravia, ha considerado que se trata de una cifra pequeña y que se esperaba que más personas se acogieran a esta medida, pero ha señalado que se había difundido suficientemente la información a través de las redes sociales, en los medios de comunicación y en la web de VIVA.

Eso sí, ha apuntado que algunos de los usuarios, sobre todo los de las denominadas 'viviendas blancas', son perceptores de rentas básicas de garantía, por lo que no han perdido ingresos como consecuencia del coronavirus.

En todo caso, Manuel Saravia ha recordado que tras la publicación del Real Decreto-Ley del 31 de marzo, por el que se adoptan medidas urgentes complementarias en el ámbito social y económico para hacer frente al Covid-19, se concretaron las medidas anteriores, y VIVA ha redactado una carta que ha enviado a los usuarios y está colgado en la web de VIVA con las opciones que tienen ahora.

Así, existen posibilidades como optar por no abonar las rentas mensuales de sus alquileres y que éstas sean postergadas a un periodo de tres años, o bien solicitar una reducción del 50 por ciento durante el periodo de duración del estado de alarma y meses posteriores, hasta un máximo de cuatro. En todo caso, deberán atestiguar que son personas cuyos ingresos se han visto afectados por la crisis en los baremos establecidos en el Real Decreto-Ley.

En trazo general, las personas que se pueden acoger son trabajadores que hayan quedado en situación de desempleo, aquellos que estén afectados por expedientes de regulación temporal (ERTE) en sus empresas o empresarios o profesionales que hayan reducido sus jornadas o que vivan circunstancias similares que supongan una merma sustancial de ingresos.

Estas opciones, ha recordado Manuel Saravia, se pueden solicitar hasta el día 2 de mayo.