La medida ha sido aprobada este viernes por unanimidad en la Mesa de la Deputación Permanente, ya que la Cámara está disuelta desde el pasado 11 de febrero por la convocatoria de elecciones (que se han cancelado) a propuesta del presidente de la Cámara, Miguel Ángel Santalices Vieira.

La partida, conforme ha precisado el Legislativo gallego en un comunicado remitido a los medios, es consecuencia de la "gestión racional" de los recursos ordinarios del Parlamento, caracterizada por el aumento de la tramitación pública de licitaciones respecto de aquellas necesidades habituales de la Cámara, pero también de otras actuaciones puntuales y menores, así como de la "permanente búsqueda de una mejor relación calidad-precio".

Con todo, el Parlamento señala que esta iniciativa obligará, no obstante, a ajustar aún más la programación presupuestaria de la Cámara.

OTRAS MEDIDAS

De forma paralela, el presidente de la Cámara ha cursado indicaciones para minimizar el gasto ordinario de la institución y reforzar el ahorro.

Además, los servicios económicos de la Cámara están agilizando la tramitación de toda la facturación para que los proveedores cobre en un plazo aún menor respecto al habitual de la institución, que hasta ahora oscilaba entre los 15 y los 20 días.

PARLAMENTO DISUELTO

Actualmente, en Galicia, la Cámara se encuentra disuelta toda vez que estaban convocadas elecciones autonómicas para este 5 de abril, una cita con las urnas que de forma extraordinaria fue anulada debido a la pandemia del coronavirus y tras un acuerdo entre las principales fuerzas políticas gallegas.

Este hecho implica que solo estén en activo los diputados que conforman la Diputación Permanente, que precisamente se ha reunido este viernes para abordar las comparecencias del vicepresidente de la Xunta, Alfonso Rueda; y de la conselleira de Política Social, Fabiola García.

Esto también supone un ahorro en las arcas de la institución pública per se, a lo que hay que añadir que en el caso gallego solo tienen derecho a percibir dietas de desplazamiento los representantes de este órgano que todavía está en funcionamiento.

En concreto, sobre estas dietas, el régimen económico de la Cámara señala que se cubran los gastos de transporte público de los diputados, mientras que los desplazamientos en vehículo propio se abonarán a razón de 0,19 euros por kilómetro, cuando se justifiquen.

Así, el acuerdo recoge que el número de kilómetros que correspondan a cada diputado se computará de acuerdo con la declaración presentada por cada parlamentario en la que indica cuál es su domicilio. Además, el diputado debe firmar un documento acreditativo en el que solicita que se le abone el correspondiente gasto por kilometraje.

En los casos en los que los miembros de la Cámara no tengan o no puedan utilizar vehículo propio, se les abonarán los gastos que les genere su traslado, que en ningún caso podrán exceder de los que les corresponderían por la utilización del vehículo propio y después de la correspondiente justificación documental.