El PP trabaja en paralelo al Gobieirno para abordar la crisis. Pablo Casado gestiona ya en la "actualización" de su plan de choque económico para paliar los duros efectos que tendrá en los españoles la pandemia del coronavirus, con rebajas fiscales y medidas de aumentar la competitividad y la flexibilidad, según  fuentes de la formación. En las últimas semanas, ha estado en contacto permanente con sus portavoces económicos pero también con expertos y exaltos cargos de los Gobiernos de Mariano Rajoy y José María Aznar.

En todas sus intervenciones públicas, Casado ha expresado su preocupación por los efectos devastadores que va a tener el Covid-19 en la economía española, y ha hecho hincapié en la necesidad de impulsar cuanto antes un plan de reactivación económica para mitigar el daño de la pandemia.

El presidente del PP, que ya presentó públicamente un plan de choque el 9 de marzo, cuando la crisis por el Covid-19 era incipiente, ha recabado la opinión estas semanas del expresidente de Endesa y exdiputado del PP, Manuel Pizarro, y del exsecretario de Estado de Comercio y expresidente de Aena, Jaime García Legaz.

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Entre su lista de contactos figuran también veteranos dirigentes del PP expertos en la materia que tuvieron destacadas responsabilidades en los Gobiernos del PP como el el exministro de Economía y vicepresidente del BCE, Luis de Guindos; el exministro y excomisario europeo Miguel Arias Cañete; la extitular de Empleo Fátima Báñez; la exministra de Medio Ambiente y secretaria de Presupuestos, Elvira Rodríguez; y el exsecretario de Estado de Empleo y Seguridad Social, Juan Pablo Riesgo.

Aparte de Rodríguez -que forma parte del actual comité de dirección del PP como vicesecretaria de Sectorial-, Casado también recibe el asesoramiento permanente de Daniel Lacalle, secretario de Economía del partido, y Mario Garcés, portavoz adjunto del Grupo Popular.

Casado lleva ya días insistiendo en la parte económica de las medidas del Gobierno de Sánchez. Su partido ha apoyado la extensión del estado de alarma, pero sigue reiterando que el Ejecutivo está actuando "tarde". Por eso él plantea su propia estrategia.

Apoyo a los autónomos

El PP, que ha hecho suyas las reivindicaciones de los autónomos, ha presentado este mismo domingo una proposición no de ley en el Congreso en la que reclama la eliminación de la cuota de marzo para todos los autónomos.

En el texto, el Grupo Popular plantea flexibilizar las condiciones exigidas para las concesiones de los aplazamientos de pago de las cotizaciones una vez cese el estado de alarma. Esta iniciativa forma parte de una batería en favor de este colectivo, en la cuál el PP ha solicitado al Gobierno también que regule la situación de los profesionales autónomos adscritos a mutuas alternativas al RETA.

En otra de las iniciativas, se insta al Gobierno a adoptar las medidas necesarias para apoyar a los trabajadores que se dedican a la venta ambulante de mercadillos y elaborar un plan de profesionalización, revitalización y modernización de la venta ambulante.

Iniciativas presentadas en el Congreso

Desde que se inició la crisis del coronavirus, el PP ha asegurado que ha presentado más de 300 iniciativas en el Congreso, muchas de ellas poniendo el acento en las medidas económicas y sociales, según fuentes del partido, que recuerdan que el propio Casado ha recalcado en varias ocasiones que hay que "proteger a quien más lo necesite" y que "nadie debe quedarse atrás por esta crisis".

Así, el Grupo Popular ha presentado proposiciones no de ley para la transferencia de fondos a las Comunidades Autónomas para cubrir las necesidades requeridas frente al Covid-19; de apoyo al sector turístico; o relativas a la demanda de material de protección para sanitarios y hospitales.

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También ha llevado una propuesta a la Cámara Baja para "dar respuesta a las necesidades sociales derivadas de la gravedad de la situación generada por el coronavirus"; otra para "reforzar los canales de interlocución y participación con el Tercer Sector para afrontar la crisis"; u otra relativa a la toma de medidas para evitar el incremento del riesgo de agresiones por violencia de género que puede conllevar la limitación de la libertad de circulación de las personas que establece el estado de alarma.