Tal y como ha explicado el mandatario autonómico en rueda de prensa, el objetivo es que aquellas personas que "en la actualidad sean beneficiarias de esas ayudas no tengan que hacer frente al pago del alquiler" durante la vigencia de las medidas para frenar la expansión del coronavirus.

En total, la Xunta estima que serán 157.500 euros al mes que se abonarán a las 700 familias beneficiarias para cubrir también la parte del alquiler que no abarca este bono social.

Además, el Gobierno gallego ha autorizado la convocatoria del 2020 del 'bono de alugueiro social' destinado a las víctimas de violencia de género, un colectivo que, en palabras de Feijóo, "no puede esperar". El plazo de solicitud se abrirá con su publicación en el Diario Oficial de Galicia (DOG) y hasta el 11 de diciembre, salvo que el crédito presupuestario se agote antes.

MÁS DE 2 MILLONES

En total, esta orden de subvenciones está dotada de más de dos millones de euros, según ha concretado el presidente, que serán destinadas a aquellas mujeres que sufran esta lacra que convivan y sean dependientes económicamente de su agresor o que hayan sufrido trata con fines de explotación sexual.

Tendrán la misma consideración aquellas mujeres que sufrieron el asesinato de sus hijos, así como las personas de menos de 30 años cuyas madres sean víctimas mortales de la violencia machista y que dependiesen económicamente de ellas o de sus agresores.

Estas ayudas serán de 225, 200 o 175 euros, unas cuantías que equivalen al 50 por ciento del máximo que puede alcanzar el alquiler mensual en función de la zona: 450 euros en las siete grandes ciudades, 400 en los ayuntamientos urbanos y 350 en los rurales.

El 'bono de alugueiro social' se concederá por un período de doce meses, prorrogable dos veces por el mismo tiempo -el máximo, tres años-. Además, los beneficiarios podrán solicitar una ayuda complementaria de hasta 600 euros para los gastos derivados de obligaciones como la fianza, entre otras.

ALQUILER DE VIVIENDAS PÚBLICAS

Por otra parte, el Ejecutivo autonómico ha decidido "no girar los recibos desde abril y mientras se mantenga el estado de alarma" a los inquilinos de viviendas de promoción pública y de locales comerciales propiedad de la Administración.

"Estamos hablando de 3.500 familias y 42 titulares de locales", ha estimado en rueda de prensa el presidente de la Xunta, quien también ha calculado que el importe de estos recibos aplazados asciende a un total de 300.000 euros.