El Tribunal Supremo debe decidir si admite a trámite la denuncia interpuesta por un particular contra el presidente del Gobierno, Pedro Sánchez, por presuntos delitos de prevaricación administrativa y lesiones por imprudencia profesional al permitir manifestaciones como la del 8 de marzo.

La denuncia se ha remitido al Alto Tribunal dada la condición de aforado del presidente del Ejecutivo y después de que una jueza de Madrid decidiese abrir diligencias previas contra el delegado del Gobierno en esta comunidad, José Manuel Franco, por los mismos hechos.

Así, igual que en la denuncia contra Franco, el escrito presentado ante el Supremo señala que las delegaciones de Gobierno y el propio Ejecutivo no actuaron para prohibir concentraciones multitudinarias como la del 8M "a pesar de la recomendación emitida por el Centro Europeo para el Control y Prevención de Enfermedades" del día 2 de marzo por la expansión del coronavirus, que se había originado en China.

Fuentes jurídicas han informado a Efe de que ahora el Supremo deberá pronunciarse sobre su admisión o inadmisión, sin estar condicionado en modo alguno por la declaración del estado de alarma. Esto se debe a que hay servicios básicos y se trata de una denuncia como cualquier otra y, por tanto, sometida a los mismos tramites que las demás, como pedir la opinión del fiscal o en su caso exigir una fianza al querellante.

Acusaciones de la oposición

La celebración de la manifestación del 8M fue duramente criticada por la oposición. La portavoz parlamentaria del PP, Cayetana Álvarez de Toledo, ha cuestionado que el Gobierno alentara a ir a la manifestación del Día de la Mujer en Madrid el domingo, y al día siguiente pidiera a la gente que no hiciera vida social y evitara las reuniones. Las críticas también acusaron que el Gobierno situase el inicio de la crisis sanitaria un día después de dicha manifestación.